_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Violencia política de género en Honduras")
En Honduras, diversas diputadas pertenecientes a distintos partidos han hecho públicas denuncias sobre una serie de malos tratos, insultos y violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acusaciones ponen de manifiesto un entorno hostil donde las legisladoras son objeto de intimidación y desvalorización debido a su condición femenina, más aún cuando expresan opiniones críticas o intervienen en los debates parlamentarios. Estas situaciones han provocado una discusión sobre el respeto e igualdad en los espacios de poder, resaltando la continuidad de comportamientos misóginos y lenguaje violento en el recinto legislativo.
Las acusaciones igualmente indican que este comportamiento ha aumentado en el contexto de debates controversiales, como aquellos vinculados a la Ley de Justicia Tributaria y los cambios en el Poder Judicial. Aunque la severidad de estos hechos es evidente, las autoridades del Congreso no habrían implementado sanciones disciplinarias para los responsables, lo que fomenta la aceptación de la violencia política de género. Ante esta situación, las diputadas han demandado acciones efectivas para asegurar su seguridad y el respeto a su función legislativa.
Violencia política de género y ambiente institucional en el Congreso Nacional
Las legisladoras han reportado que en el Congreso Nacional se presentan comportamientos que abarcan desde insultos verbales hasta intentos de agresiones físicas, lo cual evidencia un patrón de violencia política basada en género. Este problema impacta negativamente en la participación completa y eficaz de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.
La violencia política contra las mujeres se hace evidente en periodos de intenso debate, cuando las diputadas adoptan posturas contrarias al gobierno. Esta problemática no solo atenta contra los derechos de las mujeres en el parlamento, sino que también amenaza la calidad de la democracia, al restringir la variedad de perspectivas y opiniones en la toma de decisiones. La falta de mecanismos específicos en el Congreso para abordar estos casos favorece la continuidad de esta situación.
Apoyo social e institucional y requerimientos de las legisladoras
Diferentes áreas de la sociedad civil, en colaboración con entidades internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han manifestado su respaldo a las diputadas involucradas y han pedido al Estado hondureño que asegure condiciones de igualdad y protección para todas las legisladoras. Estas organizaciones han enfatizado la urgencia de aplicar medidas disciplinarias rápidas contra aquellos que perpetúan actos de violencia política, así como desarrollar protocolos específicos para prevenir y abordar estas circunstancias en el entorno legislativo.
Las diputadas han manifestado que no cesarán en su lucha por ser escuchadas y respetadas, enfatizando que su función es representar a la ciudadanía y no ser objeto de acoso o maltrato. Entre sus demandas se encuentran el establecimiento de mecanismos claros para proteger su integridad, el respeto pleno a su labor legislativa y la erradicación de toda forma de violencia política de género en el Congreso Nacional. Estas acciones se consideran fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar la participación equitativa de las mujeres en la política hondureña.