.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Reforma fiscal en Honduras")
El debate acerca de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha suscitado un acalorado intercambio de opiniones entre el sector privado, asociaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La propuesta de reforma fiscal, promovida por la administración actual, ha sido vista por líderes empresariales como un riesgo directo para la estabilidad laboral y la continuidad de numerosas empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de beneficios fiscales que han sido esenciales para el crecimiento de sectores como el de la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo cual, según los empresarios, podría provocar una serie de cierres y despidos numerosos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.
La influencia anticipada de la reforma no se circunscribe solo al ámbito de los negocios, sino que también se extiende a la economía doméstica y al entramado social de Honduras. Expertos y dirigentes sectoriales alertan que la baja en la actividad económica, junto con el éxodo de empresas, podría resultar en un incremento del desempleo estructural, un aumento de la informalidad, migración obligada y un deterioro del consumo nacional. Esta situación se agrava en el contexto actual del país, donde más de un millón de personas están en la búsqueda de trabajo adecuado y el empleo informal afecta a una gran parte de los habitantes.
Consecuencias de suprimir los beneficios fiscales y el peligro para el empleo
La normativa de Justicia Fiscal prevé la eliminación de los esquemas de exoneraciones y exenciones tributarias, impactando a más de diez áreas productivas, entre las que se encuentran zonas francas, turismo, energías alternativas y manufactura. Según cifras proporcionadas por el sector empresarial, actualmente más de 400,000 empleos directos y más de un millón de empleos indirectos dependen de estos esquemas, con un énfasis especial en la cadena de suministro y exportaciones del ámbito agrícola e industrial. La eliminación de estos incentivos podría llevar al cierre de fábricas, talleres, tiendas y granjas tanto en áreas urbanas como rurales, dejando sin trabajo formal a miles de hondureños y aumentando la presión sobre el sector informal.
El estudio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que la reforma tributaria tendría un efecto adverso en sectores como el turístico, el manufacturero y el agroindustrial. Por ejemplo, dentro del sector manufacturero se calcula que estarían en peligro 40.000 puestos laborales y más de 733 millones de dólares en ventas al exterior, mientras que en el turismo, la repercusión podría significar la pérdida de miles de empleos tanto directos como indirectos y una reducción considerable en la inversión y los salarios. Adicionalmente, el incremento en los costos de operación, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, haría insostenible su sobrevivencia en el mercado, exacerbando así la problemática de desempleo y subempleo en el país.
Impactos sociales y opciones distintas del ámbito privado
El impacto social de la reforma se proyecta como irreversible, con el riesgo de aumentar la pobreza, la migración forzada y la desconfianza tanto nacional como internacional. El desbordamiento del sector informal y la pérdida de empleos formales con seguridad social podrían deteriorar la calidad de vida y la recaudación fiscal, afectando a toda la población hondureña. La preocupación de los empresarios se extiende al efecto dominó sobre la estabilidad social, advirtiendo que la destrucción de fuentes de trabajo podría empobrecer aún más al país.
Frente a esta situación, las empresas privadas han planteado opciones, como la disminución del Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con la intención de dejar más dinero disponible para los hondureños, impulsar la economía y crear puestos de trabajo. Además, proponen que en vez de eliminar los beneficios fiscales para todos los sectores, se realicen auditorías y controles a las compañías libres de impuestos que cometan irregularidades, utilizando las autoridades que la normativa actual ya permite. La comunidad empresarial enfatiza la importancia de dialogar y consultar con todos los participantes del sector productivo antes de aprobar un cambio que pudiera tener efectos irreversibles en el progreso económico y social del país.
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria sigue siendo acalorada, con urgentes llamados al Congreso Nacional para que examine detenidamente el texto de la ley y evite tomar decisiones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, tales como el desempleo, la pobreza y la migración.