Reforma tributaria en Honduras: el rol de Héctor Zelaya

Héctor Zelaya

Las recientes declaraciones de Héctor Manuel Zelaya, secretario privado del presidente, han generado una nueva ronda de críticas en el ámbito político de Honduras, avivando la discusión sobre la polémica Ley de Justicia Tributaria. En un entorno caracterizado por la división en el poder legislativo y la desconfianza entre los partidos, sus comentarios han sido vistos como una señal de posibles esfuerzos del gobierno para impulsar la reforma fiscal sin el apoyo necesario del parlamento ni un proceso de deliberación claro y abierto.

Debate por comentarios del representante

En una declaración pública, Héctor Zelaya insinuó que la Ley de Justicia Tributaria podría ser ratificada «sin que se den cuenta» en el Congreso Nacional. A pesar de no haber explicado métodos específicos, diversos grupos interpretaron el comentario como una sugerencia de que el partido oficial, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría emplear métodos poco convencionales para aprobar la legislación.

Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, perteneciente al Partido Liberal, mostró fuertes críticas hacia los comentarios realizados. Según su perspectiva, sugerir la promulgación de una normativa sin contar con el respaldo parlamentario requerido y fuera del procedimiento legislativo adecuado “es un atentado contra la institucionalidad”. Según su interpretación, estas propuestas reflejan una falta de apoyo técnico y social para un cambio de gran repercusión económica.

Respuestas del ámbito privado y expertos en derecho constitucional

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) también reaccionó al señalamiento de Zelaya, alertando sobre las posibles consecuencias económicas de aprobar una reforma tributaria sin un debate amplio y transparente. Según esta organización, un escenario de esa naturaleza podría incrementar la incertidumbre para la inversión privada y afectar la estabilidad económica del país.

En paralelo, especialistas en derecho constitucional subrayaron que cualquier intento de aprobar la Ley de Justicia Tributaria sin apegarse a los procedimientos parlamentarios podría dar lugar a impugnaciones por inconstitucionalidad. En particular, recordaron que el principio de deliberación legislativa exige transparencia, discusión plural y cumplimiento de los mecanismos institucionales establecidos.

Aumento de la presión política y monitoreo por parte de la oposición

A raíz de estas declaraciones, diversas fuerzas políticas de oposición han declarado que permanecerán en “alerta permanente” ante posibles intentos de introducir la ley en sesiones legislativas no ordinarias o sin actas debidamente ratificadas. Esta advertencia ocurre en un contexto donde la presidencia del Congreso, liderada por Luis Redondo, ha sido previamente cuestionada por la oposición por prácticas que consideran irregulares en la aprobación de leyes.

El descontento social también se ha manifestado en redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón ganó notable notoriedad en pocas horas, mostrando la inquietud frente a la posibilidad de que una ley con consecuencias económicas y sociales importantes sea procesada sin la intervención informada de todos los participantes del sistema político.

Una visión de conflicto institucional persistente

El Legado de Justicia Tributaria sigue siendo uno de los temas más controvertidos en el programa del gobierno presente, enfrentándose a objeciones tanto por su esencia como por el método en que se ha buscado incluirlo en la discusión pública. La controversia provocada por las declaraciones de Héctor Zelaya no solo reorienta el enfoque hacia esta propuesta legislativa, sino que destaca las disputas relacionadas con la gobernabilidad, la validación de los procesos legislativos y la urgencia de canales de comunicación eficientes.

En un ámbito político donde prevalecen la división y la falta de confianza, cualquier propuesta que busque cambiar significativamente el sistema fiscal necesita, además de apoyo institucional, un proceso de deliberación que asegure la participación de diversas perspectivas y el respeto a los principios democráticos. La forma en que se lleve a cabo esta discusión establecerá un precedente en la interacción entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales de la nación.