_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Ley de Justicia Tributaria")
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha intensificado la discusión social y política. Diversos sectores han expresado su preocupación, argumentando que la iniciativa, promovida por el Partido LIBRE, va más allá del ámbito fiscal y se emplea como una herramienta política para fracturar a la sociedad hondureña. Líderes sociales, empresarios, trabajadores y representantes comunitarios sostienen que el discurso oficial señala a ciertos grupos empresariales como culpables de las dificultades económicas del país, fomentando así, según ellos, el enfrentamiento entre los sectores más vulnerables y las áreas productivas.
Este escenario ha causado inquietud debido al posible efecto de la legislación en la unidad social y la prosperidad económica. La controversia ha crecido debido a la percepción de que la ley intenta marcar a los emprendedores o creadores de empleo como adversarios de la comunidad, distrayendo de los problemas estructurales y la eficacia gubernamental. Expertos advierten que esta táctica podría detener la inversión, aumentar el descontento social y debilitar la cohesión social, impactando de manera negativa el trabajo y el bien común.
Narrativa de división y reacciones sociales
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria ha generado un clima de antagonismo entre el gobierno y el sector privado, evidenciado en confrontaciones tanto en el Congreso Nacional como en el discurso público. Representantes empresariales han calificado la propuesta como dañina y mal intencionada, argumentando que prioriza el enfrentamiento y la discriminación sobre el consenso y el diálogo. Se señala que la derogación de incentivos y beneficios fiscales afectará directamente a los sectores productivos, incrementando los costos de producción y, en consecuencia, el precio de los alimentos y servicios básicos para la población.
El entorno de confrontación se ha manifestado en episodios conflictivos en el Congreso, donde la discusión sobre la normativa ha llevado a choques entre legisladores del gobierno y de la oposición, evidenciando la intensidad de las divisiones políticas e institucionales en la nación. A la vez, algunos expertos reconocen que la iniciativa podría traer ventajas si se lleva a cabo con claridad y participación de diversos sectores, pero señalan que la ausencia de información precisa y la sensación de imposición generan dudas y desconfianza en la ciudadanía.
Efectos financieros y exhorto a la cohesión nacional
Las implicaciones económicas mencionadas por los sectores críticos abarcan la potencial pérdida de trabajos a causa del cierre de compañías y la baja en inversiones, el incremento de la pobreza debido al aumento en precios de bienes básicos y el empeoramiento del entorno económico, lo cual podría impulsar la migración y la tensión social. Empresarios y líderes gremiales afirman que la ley constituye una agresión directa al empleo y a las inversiones, alertando sobre el peligro de repetir experiencias desfavorables de otras naciones de la región donde reformas de naturaleza similar han debilitado el entramado empresarial y social.
Ante esta situación, distintos sectores han apelado al Congreso Nacional y a la población para prevenir la fragmentación impulsada por discursos políticos, destacando que la auténtica justicia social se alcanza con el desarrollo económico, la inversión responsable y la creación de oportunidades para todos, no mediante leyes coercitivas ni campañas de enfrentamiento. Por otro lado, el gobierno afirma que la ley pretende ajustar beneficios fiscales antiguos y robustecer los sistemas de seguridad social, subrayando la importancia de la unidad nacional para progresar hacia el bienestar común.