La reciente difusión de un narcovideo en Honduras ha intensificado las preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema judicial del país. De acuerdo con un informe divulgado por el centro de investigación InSight Crime, el caso no solo expone vínculos entre figuras del narcotráfico y actores cercanos al poder, sino que también confirma un patrón preocupante: la utilización de la justicia como herramienta política.
Modelos de inmunidad y acoso puntual
InSight Crime expone un escenario donde la justicia se ejerce de manera desigual. Mientras algunos imputados son mostrados en público y enfrentan juicios acelerados, otros, supuestamente relacionados con la administración actual, permanecen fuera del alcance legal o incluso cuentan con amparo institucional. Este fenómeno, señala el reporte, no es novedoso en la zona, pero en el caso de Honduras ha llegado a niveles especialmente alarmantes en los meses recientes.
El reporte también señala similitudes con situaciones autoritarias vistas en naciones como Venezuela y Nicaragua, donde el sistema judicial ha sido captado por influencias políticas para garantizar impunidad a simpatizantes y sancionar a opositores. La situación en Honduras, de acuerdo con el centro de análisis, está siguiendo un rumbo similar, lo que pone en riesgo directo el Estado de derecho.
Respuestas críticas y solicitud de supervisión internacional
La respuesta al informe fue inmediata. Líderes políticos opositores, abogados y activistas de derechos humanos han resaltado que el uso de la justicia como herramienta amenaza la credibilidad del sistema democrático. Esta inquietud es compartida por entidades internacionales, que han sido solicitadas para observar el desgaste institucional de la nación.
Una fuente diplomática citada por InSight Crime alertó que Honduras podría estar dirigiéndose hacia una seria crisis en la gobernabilidad si no se aseguran las mínimas garantías de independencia judicial. La falta de confianza por parte de la población, incrementada por la falta de transparencia y la impunidad, ha debilitado aún más la confianza en las instituciones.
En este contexto, diversos sectores han hecho un llamado urgente para que organismos multilaterales como la OEA y la ONU mantengan vigilancia sobre el país. Exigen acciones que garanticen un sistema judicial transparente y autónomo, alejado de presiones partidarias o intereses criminales.
El escándalo del narcovideo no solo revela un caso específico de corrupción, sino que también se ha transformado en un emblema de una justicia que, en lugar de ser imparcial, parece actuar con conveniencia política.