¿Puede el estado de excepción frenar la violencia en Honduras?

Estado de excepción en Honduras

Han pasado más de 18 meses desde que el Gobierno de Xiomara Castro implementó el estado de excepción, y los índices de violencia y criminalidad en Honduras no muestran una reducción continua, lo cual ha avivado el debate sobre la eficacia de esta política en el marco de la seguridad nacional.

Desde su aprobación en diciembre de 2022, el estado de excepción fue planteado como una respuesta inmediata al control territorial de maras y pandillas en zonas urbanas y rurales. Sin embargo, su aplicación ininterrumpida por más de 18 meses y las reiteradas prórrogas no han logrado contener fenómenos como la extorsión, los homicidios y otras formas de violencia que afectan directamente a sectores estratégicos de la economía y la vida cotidiana.

Continuidad del crimen y opiniones de los ciudadanos

Informes variados de entidades sociales y estadísticas policiales concuerdan en que las bandas criminales aún operan con una notable capacidad de intimidación, sobre todo en áreas estratégicas del norte y centro del país. Negociantes, conductores y habitantes siguen reportando extorsiones, amenazas y homicidios en regiones donde el Estado sostiene una presencia militar y policial bajo el régimen de excepción.

Líderes comunitarios, como uno entrevistado en Tegucigalpa, han mencionado que «la gente sigue viviendo con miedo» y que no se observan cambios significativos en la seguridad. Estas personas señalan que el crimen sigue dominando barrios completos, mientras que las autoridades muestran datos que no se corresponden con lo que sucede realmente en las calles, lo que ha incrementado la falta de confianza de la población.

Dudas sobre la estrategia del gobierno

El estado de excepción fue diseñado como un recurso especial para combatir el crimen organizado, otorgando poderes particulares a las fuerzas de seguridad para su actuación. Sin embargo, ha sido criticado por su extensión en el tiempo y la falta de un plan completo.

Reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) junto con entidades internacionales han indicado un aumento en las quejas relacionadas con arrestos injustificados y violaciones a derechos esenciales. Asimismo, especialistas en seguridad subrayan que la militarización sin estrategias de inteligencia no ha logrado resultados duraderos ni ha afectado las organizaciones delictivas.

“La respuesta del Estado ha sido más coercitiva que estratégica”, afirmó un analista en temas de seguridad, quien considera que no se ha logrado construir un modelo de intervención con base en prevención, justicia y coordinación institucional.

Exigencias para una política de seguridad completa

Ante la continuidad del estado de excepción y la persistencia de la extorsión, uno de los delitos que más impacto tiene en la economía informal, el transporte público y la estabilidad de los barrios, diferentes sectores han solicitado una revisión técnica de la política de seguridad actual.

Las acusaciones de extorsión continúan incrementándose y, aunque ocasionalmente se realizan arrestos de presuntos líderes, tales medidas no han logrado un efecto disuasorio prolongado. De acuerdo con relatos obtenidos en la prensa local, muchas víctimas prefieren guardar silencio o trasladarse debido a la carencia de medidas de protección adecuadas.

El ámbito empresarial ha manifestado inquietud por la ausencia de resultados tangibles y ha solicitado una revisión del enfoque en materia de seguridad, involucrando a expertos en justicia, asociaciones civiles y colaboración internacional. “Honduras no requiere más espectáculos en los medios. Requiere resultados auténticos”, afirmó un vocero del ámbito empresarial, pidiendo claridad y responsabilidad sobre el empleo de medidas extraordinarias.

Retos para las instituciones en un entorno de violencia constante

La prolongación del estado de excepción sin un balance público de su efectividad evidencia tensiones entre la urgencia por controlar la violencia y la necesidad de respetar el orden democrático y los derechos fundamentales. En un país marcado por la fragilidad institucional y una profunda desconfianza hacia las autoridades, el enfoque en la seguridad sigue siendo un punto de fricción entre el Gobierno, los sectores sociales y la ciudadanía.

El reto principal que tiene el gobierno de Xiomara Castro es hallar una solución sostenible que una el control del crimen con una política pública integral, legítima y con amplia participación. En tanto, la persistencia de la violencia y la percepción de inseguridad mantienen preocupada a una población que todavía espera respuestas efectivas y duraderas.