_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Ley de Justicia Tributaria")
Varios representantes del sector privado en Honduras manifestaron inquietud frente a la potencial aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta del Gobierno que está en discusión en el Congreso y que, según sus estimaciones, podría modificar de manera considerable el panorama económico nacional. Las advertencias surgen en un entorno caracterizado por la ralentización económica y las crecientes exigencias sociales, lo que ha intensificado la discusión acerca del rol estatal en temas fiscales.
Perspectiva corporativa frente a la propuesta del gobierno
El proyecto de legislación, que el gobierno ha promovido como una herramienta para suprimir beneficios fiscales y promover la justicia tributaria, ha sido fuertemente criticado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y otros sectores económicos. Según estos grupos, la propuesta impactaría de manera directa en la inversión privada, el empleo formal y el costo de vida en la nación.
Un representante del COHEP indicó que, si se implementa, la regulación podría crear un ambiente desfavorable para las inversiones, provocando una serie de efectos que abarcan despidos en gran escala, alza en la inflación y el traslado de empresas hacia economías con una regulación más estable. Las objeciones se enfocan sobre todo en la eliminación de beneficios fiscales que, de acuerdo con los empresarios, han sido fundamentales para el desarrollo de sectores como las zonas francas, la agroindustria y la manufactura.
Efectos anticipados sobre empleo, precios y competitividad
El área corporativa señaló tres impactos clave que, en su opinión, surgirían con la aplicación de esta normativa:
- Reducción del empleo formal: empresas que actualmente operan bajo regímenes especiales de exoneración se verían obligadas a recortar personal o cerrar operaciones ante el incremento de sus costos. Las zonas económicas más vulnerables serían las orientadas a la exportación y aquellas ubicadas fuera de los principales centros urbanos.
- Incremento en el costo de vida: la modificación en la estructura fiscal implicaría, según las proyecciones privadas, un alza en los precios de productos esenciales como alimentos, medicamentos, transporte y servicios básicos. Esto afectaría especialmente a los sectores de menores ingresos, al trasladarse los nuevos costos al consumidor final.
- Desplazamiento de capital y talento: otro punto de preocupación es la posible fuga de empresas e inversiones hacia países vecinos con marcos regulatorios considerados más estables. Esta tendencia, advierten, comprometería el desarrollo económico a mediano y largo plazo, además de provocar una pérdida significativa de empleo calificado.
Exigencias de diálogo y revisión legislativa
En este contexto, diversas industrias solicitaron al Congreso Nacional detener el avance de la ley hasta no establecer espacios para un diálogo técnico y participativo. Los representantes del ámbito privado expresaron que una reforma fiscal necesita un amplio consenso y un análisis de impacto, especialmente en un escenario económico caracterizado por una elevada informalidad y escasa recaudación.
Asimismo, instaron a la población a conocer los detalles del plan propuesto y a demandar que las decisiones relacionadas con la política fiscal no perjudiquen las oportunidades laborales ni la competitividad del país. “Lo que se está arriesgando no es un favor especial, es el bienestar de miles de familias”, declaró un portavoz del sector empresarial.
Tensiones institucionales y desafíos fiscales
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se desarrolla en un entorno de fricción entre el gobierno y grupos económicos organizados, poniendo de relieve un conflicto fundamental acerca del modelo de desarrollo que el país debería adoptar. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de ajustar los sistemas fiscales para disminuir la desigualdad y elevar los ingresos del Estado, el sector privado señala los riesgos de implementar una reforma sin acuerdo técnico ni certeza de seguridad jurídica.
En este episodio se reflejan los retos que confronta Honduras para equilibrar sus metas de equidad tributaria con la necesidad de preservar un entorno favorable para la inversión, el empleo formal y la estabilidad económica. En un contexto caracterizado por la desconfianza institucional y la polarización política, el debate respecto a esta ley destaca la urgencia de establecer mecanismos de concertación y diálogo social continuo.