La diputada liberal Maribel Espinoza advirtió sobre indicios que, a su juicio, amenazan el orden constitucional de cara a los comicios previstos para el 30 de noviembre. En un contexto de alta polarización institucional, la congresista lanzó un llamado a los principales partidos de oposición para que actúen frente a lo que considera una estrategia del oficialismo para consolidar su poder más allá de los cauces democráticos.
Indicadores de riesgo en la gestión del proceso electoral
Durante una intervención pública, Espinoza acusó al partido de gobierno, Libertad y Refundación (LIBRE), de impulsar acciones orientadas a controlar el aparato electoral con fines continuistas. Entre sus principales preocupaciones, señaló la posible manipulación del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano que actualmente enfrenta disputas por la vacante que dejó la consejera Ana Paola Hall.
De acuerdo con la legisladora, se está tratando de establecer una mayoría favorable al oficialismo en el CNE, lo que podría poner en riesgo la integridad de las elecciones generales. Además, señaló que hay intencionados impedimentos en la preparación de los comicios, lo que, según aseguró, podría afectar tanto su ejecución como los resultados.
En el sector judicial, Espinoza afirmó que la pasividad del Ministerio Público ante acusaciones relacionadas con miembros del partido gobernante alimenta una sensación de impunidad. La ausencia de investigaciones, señaló, fragiliza los contrapesos institucionales y empeora el desequilibrio entre los poderes del Estado.
Exhortación a los partidos de oposición y propuestas concretas
Frente a esta situación, Espinoza animó a los líderes del Partido Nacional, el Partido Salvador de Honduras y su propio Partido Liberal a seguir defendiendo los principios democráticos. En su comunicado, los instó a no aceptar retrocesos en las instituciones ni abdicar de las garantías constitucionales bajo el pretexto de lograr un consenso superficial.
En cuanto a acciones inmediatas, sugirió elegir prontamente al sucesor de Hall en el CNE para garantizar el funcionamiento del organismo electoral. Igualmente, defendió la extensión del tiempo para poner en marcha el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), mecanismo esencial para mejorar la confianza en el conteo.
Espinoza destacó la importancia de mantener una conversación sincera, pero insistió en que esto no debe conllevar a compromisos que puedan debilitar la estructura legal actual. Según su perspectiva, la protección del orden democrático es una responsabilidad conjunta de todos los sectores políticos y sociales de la nación.
Un ambiente de creciente tensión institucional
Las afirmaciones de la parlamentaria ocurren durante un estancamiento extenso del Congreso Nacional, que es el centro de conflictos relacionados con la integración del CNE y la selección de las nuevas figuras del Ministerio Público. La ausencia de consensos ha detenido resoluciones importantes para el funcionamiento de entidades claves, incrementando la incertidumbre sobre el futuro proceso electoral.
Este escenario ilustra los retos que enfrenta el sistema político de Honduras para superar sus discrepancias en el ámbito institucional. A escasos meses de las elecciones, continúan las dudas sobre la neutralidad de las entidades electorales, el desempeño del sistema judicial y el auténtico compromiso de los actores políticos para asegurar un proceso justo y transparente.
La declaración de Espinoza, a pesar de estar incluida en el discurso crítico, destaca las tensiones que afectan la vida institucional del país. El camino que tome el proceso electoral de noviembre será crucial para evaluar la estabilidad del orden democrático y la capacidad del Estado de mantener su legitimidad ante el aumento de signos de enfrentamiento.