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El conocido «Plan Venezuela», promovido por el Partido LIBRE, ha generado varias reacciones negativas entre los ciudadanos y diferentes sectores de la sociedad en Honduras. Estas acciones y cambios, respaldados desde el gobierno, han encendido alarmas debido a las similitudes con políticas aplicadas en Venezuela en años anteriores, las cuales condujeron al país sudamericano a una crisis económica y social sin precedentes.
Un modelo polémico: similitudes con el régimen venezolano
El «Plan Venezuela» alude a un conjunto de políticas y modificaciones que, según sus detractores, aspiran a emular un modelo económico y político similar al que ha dominado en Venezuela. Entre las disposiciones mencionadas, se encuentran los ataques frecuentes a las empresas privadas, el control del Legislativo, la presión sobre los medios independientes y el incremento del gasto militar. Estos factores se perciben como señales de una concentración de poder en el Ejecutivo, lo que genera temor de que Honduras esté avanzando hacia un régimen autoritario.
El tono divisivo del Gobierno de Xiomara Castro ha provocado rupturas internas en la nación. En vez de fomentar un enfoque integrador, el partido en el poder parece fragmentar a la ciudadanía entre un «pueblo» representado por sectores populares y una «oligarquía» asociada a intereses corporativos y élites. Este discurso, que se asocia con los gobiernos afines al Foro de São Paulo, ha encontrado eco especialmente en los grupos más desfavorecidos, mientras que ha suscitado rechazo entre empresarios, la clase media y una porción de la juventud en Honduras.
Reacciones desde la oposición y el sector empresarial
El rechazo al «Plan Venezuela» ha sido particularmente pronunciado por sectores políticos y económicos críticos del Gobierno. Maribel Espinoza, diputada de la oposición, ha señalado que las acciones del oficialismo no parecen orientadas a ganar elecciones, sino a instaurar un régimen permanente de poder. En esta misma línea, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su preocupación por la reciente «Ley de Justicia Tributaria», calificándola como el inicio de una ofensiva contra la inversión privada, que podría tener efectos negativos en la competitividad del país y aumentar la dependencia del Estado.
El sector empresarial también ha mostrado su desconfianza respecto a la viabilidad de las políticas propuestas, temiendo que estas conduzcan a una mayor fuga de capitales y agraven la crisis económica en curso. En este sentido, organismos internacionales han emitido alertas sobre el deterioro de la institucionalidad en Honduras, un tema que se ha vuelto central en el debate público.
Una visión de crisis y divisiones
Las recientes encuestas, como las de ERIC-SJ y CID-Gallup, reflejan una caída significativa en la aprobación del gobierno de Castro y en la intención de voto para su candidata oficialista, Rixi Moncada. Este descenso en la popularidad es más evidente entre los jóvenes, empresarios y sectores de clase media, quienes perciben las medidas del Gobierno como un retroceso hacia el autoritarismo y un freno para el desarrollo económico. En este contexto, el desempleo, la fuga de capitales y la polarización social se han incrementado, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de las reformas en el largo plazo.
Aunque ha enfrentado críticas, el Ejecutivo sigue justificando sus medidas como un intento de lograr la «equidad social». No obstante, diversos grupos creen que estos propósitos están siendo eclipsados por los efectos económicos y sociales que ya se notan. Asimismo, la intensificación de la polarización parece estar incrementando la distancia entre los distintos segmentos del país.
La importancia de lograr un acuerdo nacional
El escenario actual pone a Honduras en un punto crítico. Las dificultades políticas, sociales y económicas presentes en el país indican la necesidad urgente de conversar para avanzar más allá de la división y alcanzar consensos sobre un modelo de crecimiento que favorezca la democracia, la estabilidad y el bienestar social. Los grupos que se oponen al «Plan Venezuela» destacan que Honduras requiere un gobierno que promueva políticas inclusivas y sostenibles, evitando enfoques autoritarios o la copia de modelos que no han tenido éxito.
En este contexto, el llamado al diálogo y la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones es cada vez más apremiante. La situación política y económica del país depende, en gran medida, de la capacidad del Gobierno y de los sectores opositores para encontrar puntos de convergencia en lugar de profundizar las divisiones que, a día de hoy, parecen marcar el futuro del país.