Cerca de un año después de que se divulgara el controvertido video de narcotráfico, que involucra al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, con traficantes de drogas, las autoridades judiciales del país no han mostrado signos de progresos significativos en la indagación. El caso sigue estancado, lo que alimenta las dudas sobre una justicia parcial en el país y plantea interrogantes sobre la autonomía y la efectividad del Ministerio Público.
La falta de justicia en el asunto de Carlos Zelaya
El video que desató el escándalo fue publicado en 2024 por el portal de investigación InSight Crime y otros medios de comunicación. En él, se observa a Zelaya en una reunión en la que negocia aportes económicos para la campaña del partido LIBRE junto a individuos identificados como narcotraficantes. A pesar de la gravedad de las imágenes y la renuncia de Zelaya al Congreso, no ha habido avances significativos en las investigaciones ni en los procesos judiciales.
El asunto ha provocado un aumento en la inquietud sobre la neutralidad del sistema judicial en Honduras, fundamentalmente debido a la comparación con otros procesos notables que han sido llevados a cabo de forma expedita. Este es el caso del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, quien fue acusado de aceptar sobornos del cártel de Los Cachiros y prontamente enfrentó juicio tras la difusión de videos comprometidos.
Respuestas de los ciudadanos y representantes políticos
Diversos ámbitos de la sociedad civil y la política han manifestado su asombro y descontento por la falta de acciones del Ministerio Público en lo relativo al caso de Carlos Zelaya. Tanto ciudadanos como dirigentes políticos, demandan que la justicia se aplique equitativamente, investigando a Zelaya con la misma rapidez que a otros involucrados en situaciones análogas. El antiguo fiscal Edmundo Orellana ha mencionado que la fiscalía, liderada por Johel Zelaya, le debe a la población una respuesta por no proceder con la misma rapidez que en otros procesos judiciales relevantes.
Además, organizaciones como InSight Crime advierten que Honduras enfrenta un patrón de justicia desigual, donde las figuras del oficialismo parecen estar por encima de la ley, mientras que los opositores y figuras independientes son tratados con severidad. Esta percepción de parcialidad socava la confianza en el sistema judicial, que se ve cuestionado por no aplicar la ley de manera equitativa.
La petición para establecer la CICIH
El caso sin resolver de Zelaya destaca un problema más extenso en el país: la imperiosa urgencia de establecer una entidad anticorrupción autónoma con proyección internacional. A pesar de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) se presentó como una medida para combatir la corrupción generalizada, su puesta en marcha ha sido paralizada en el Congreso, donde se han enfrentado dificultades políticas para su conformación.
Este estancamiento ha generado críticas tanto dentro como fuera de Honduras. Organizaciones internacionales y observadores políticos coinciden en que la falta de un organismo internacional que supervise los procesos judiciales y corrija posibles sesgos internos contribuirá a la perpetuación de la impunidad. La presión social crece, y con ella, el llamado a la creación de la CICIH, que se presenta como una herramienta crucial para restaurar la confianza en las instituciones judiciales del país.
La urgencia de progresos en el sistema judicial
La falta de avances en la investigación del narco video de Carlos Zelaya pone de relieve las profundas tensiones que atraviesan las instituciones judiciales de Honduras. La percepción de que la justicia es selectiva y parcial está socavando la legitimidad de las autoridades encargadas de velar por el estado de derecho. La comunidad internacional y los actores nacionales insisten en que, si no se avanza con transparencia, el sistema judicial hondureño continuará siendo visto con escepticismo. En este contexto, la creación de la CICIH y una verdadera reforma judicial parecen ser fundamentales para garantizar que los casos de alto impacto político no se queden en la impunidad.