A medio año de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación difícil caracterizada por conflictos internos, denuncias de corrupción y una notable caída en el apoyo electoral. En un panorama político cada vez menos claro, el deterioro continuo del partido en el poder podría acabar con su mandato.
Fracturas internas y pérdida de cohesión
La elección de Rixi Moncada como la candidata oficialista dejó expuestas tensiones acumuladas dentro de LIBRE. La posterior renuncia del diputado Jorge Cálix, una figura con trayectoria dentro de la organización, evidenció la existencia de desacuerdos profundos sobre el rumbo político y el estilo de conducción del partido. Cálix, junto a otros dirigentes que también abandonaron la agrupación, denunció prácticas autoritarias y una cultura de exclusión.
En respuesta, los líderes del partido llamaron a manifestaciones en apoyo a la presidenta Xiomara Castro y a Moncada. Sin embargo, estas acciones no cambiaron la percepción de una organización debilitada, y han sido vistas por varios sectores como esfuerzos por mantener el control político en un ambiente desafiante.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La crisis se agravó con la revelación de presuntas irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde diputados afines al oficialismo fueron señalados por el desvío de fondos asignados a programas sociales. El caso más emblemático fue el de la congresista Isis Cuéllar, cuya suspensión fue anunciada junto con la cancelación de fondos sociales y una inédita medida: la renuncia colectiva del partido al fuero legislativo.
Aunque estas determinaciones parecieran ser contundentes, grupos de oposición, especialmente el Partido Nacional, las evaluaron como maniobras simbólicas para desviar la atención. Según sus representantes, las acciones del oficialismo no han supuesto sanciones reales ni investigaciones efectivas que aseguren rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y peticiones para detener la decadencia institucional
Las criticas no han estado restringidas al entorno político. Desde el mundo empresarial, figuras importantes han mostrado su inquietud por la dirección que está tomando la nación. En un discurso reciente, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó al gobierno directamente de traicionar la voluntad popular mediante acciones que, según su opinión, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de los fondos del estado y falta de claridad en casos significativos como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con organizaciones delictivas.
Facussé alertó sobre la fragilidad de las instituciones y exhortó a los ciudadanos a proteger el Estado de Derecho frente a lo que percibió como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario e insostenible desde el punto de vista financiero.
Caída en los sondeos y cambio en el panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes indican una rápida disminución de LIBRE en la intención de voto. Según los datos recolectados entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha fluctuado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras significativamente inferiores al 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la variabilidad entre las encuestas, sugiere un electorado fragmentado que busca nuevas opciones.
Simultáneamente, aspirantes que compiten, tales como Salvador Nasralla y Nasry Asfura, han incrementado su popularidad, logrando tasas de respaldo que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las valoraciones del público también reflejan el deterioro del gobierno: la presidenta Xiomara Castro obtiene una nota promedio de solo 4.1 sobre 10, en un entorno caracterizado por escándalos sin solución y una percepción creciente de ineficiencia.
Una perspectiva incierta para el partido en el poder
La situación presente pone a LIBRE ante un reto de considerable envergadura. La mezcla de problemas internos, debilitamiento institucional, falta de confianza y oposición popular ha erosionado su situación rumbo a los comicios generales. Si esta tendencia persiste, el partido en el gobierno podría no solo perder el mando del Ejecutivo, sino también poner en riesgo la iniciativa política que lo llevó al poder en 2021.
En este contexto, el resultado estará determinado por la habilidad del partido para reorganizarse internamente, abordar las demandas sociales y proporcionar soluciones concretas ante las acusaciones de corrupción. Si no lo logra, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.