_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Tensión política en Honduras")
El partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el gobierno desde 2022, se ve envuelto en recientes acusaciones debido a la promoción de cambios estructurales significativos sin realizar procesos de consulta extensos ni garantizar transparencia en el ámbito legislativo. Estas críticas se producen en un contexto marcado por un aumento de la tensión política e institucional, donde diversos sectores ponen en duda la dirección tomada por el oficialismo para promover su agenda.
Críticas a las prácticas legislativas del partido gobernante
Varias figuras del sector político, empresarial y de la sociedad civil han manifestado inquietud por lo que perciben como una táctica de imposición legislativa del gobierno. Con Xiomara Castro como presidenta y con personajes destacados como Héctor Zelaya y Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, se ha acusado al partido LIBRE de emplear métodos que supuestamente evitan el proceso parlamentario adecuado.
Un tema polémico se centra en la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley con grandes repercusiones fiscales. De acuerdo con las críticas, la legislación ha progresado sin asesoramiento técnico público ni una consulta amplia con las partes interesadas. También se señala el riesgo de que la ley se apruebe en sesiones aceleradas, sin la confirmación oficial de los registros legislativos pertinentes.
La falta de transparencia en este tipo de procedimientos ha sido calificada por especialistas como un riesgo para la institucionalidad democrática. Un analista constitucional consultado señaló que el uso de métodos “cuestionables, incluso ilegales” para introducir reformas estructurales sin respaldo político ni técnico representa una amenaza directa al Estado de derecho.
Respuestas del ámbito privado y de los partidos opositores
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su inquietud respecto a estas medidas, señalando que podrían socavar la confianza en el entorno para la inversión, tanto a nivel nacional como internacional. En una etapa en la que Honduras enfrenta retos económicos como el desempleo y la falta de crecimiento, los empresarios opinan que estas decisiones legislativas podrían aumentar la incertidumbre económica.
Desde el sector parlamentario opositor también se han reportado anomalías. Diputados en desacuerdo afirman que se han publicado normas en el diario oficial La Gaceta sin seguir los protocolos establecidos, como la aprobación oficial de las actas legislativas. De acuerdo con sus declaraciones, esto infringe el principio de legalidad que gobierna las acciones del Congreso y pone en riesgo la validez de las reformas realizadas bajo esas circunstancias.
El aumento de las discrepancias entre el gobierno y la oposición, junto a la separación en grupos importantes como el empresarial y organizaciones de la sociedad civil, muestra una división creciente en la administración del poder legislativo, en la que las conversaciones políticas han sido reemplazadas por actitudes conflictivas.
Encrucijada institucional y rol de la ciudadanía
El contexto presente suscita dudas acerca de la solidez del sistema democrático en Honduras. La manera de manejar las reformas en las leyes exhibe continuas tensiones entre la intención del oficialismo de impulsar un cambio estructural y el reclamo de legalidad, transparencia y participación manifestado por diversos actores políticos y sociales.
La presión ejercida por la sociedad civil organizada, junto con el examen continuo por parte de los medios de comunicación y observadores institucionales, se destacan como aspectos fundamentales para contener acciones legislativas que puedan amenazar la democracia. La carencia de acuerdos en reformas significativas no solo incrementa la desconfianza en las instituciones, sino que también compromete la gobernabilidad en una nación caracterizada por la debilidad institucional y la histórica falta de unidad entre los poderes del Estado.
Dentro de este escenario, Honduras se enfrenta al desafío de establecer mecanismos de discusión y control parlamentario que aseguren que sus procesos sean legales y que integren a los sectores sociales que se ven afectados por las políticas públicas, sobre todo en lo que respecta a cambios que afectan el modelo fiscal y económico de la nación.