_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Libertad de prensa en Honduras")
La situación de la libertad de prensa en Honduras ha adquirido una relevancia significativa en los últimos años, marcada por un incremento en los episodios de violencia, amenazas e impunidad contra periodistas y medios de comunicación. Diversos informes y registros oficiales han evidenciado un entorno cada vez más hostil para el ejercicio periodístico, donde la presión institucional y económica se combina con acciones directas de intimidación y campañas de descrédito.
En este entorno, los periodistas de Honduras han lidiado con peligros físicos y campañas de descrédito público y persecución legal, lo cual ha afectado la autonomía de los medios y ha suscitado inquietud tanto dentro como fuera del país. La reacción de la sociedad civil y de las entidades defensoras de derechos humanos ha sido mantenerse alertas y solicitar el resguardo de los derechos esenciales.
Amenazas, violencia e impunidad contra la prensa
Desde 2001 hasta finales de 2024, más de un centenar de periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, con un índice de impunidad que supera el 90 %. Las amenazas, intimidaciones y restricciones en el entorno digital se han consolidado como las formas más frecuentes de violencia, afectando tanto a periodistas individuales como a medios de comunicación de diversas regiones del país. En los años recientes, se han documentado agresiones a 64 medios, lo que revela patrones persistentes de persecución y criminalización.
Las dificultades económicas que enfrentan los medios han afectado su funcionamiento y autonomía editorial, llevando a algunos a disminuir sus operaciones o incluso a cesar. La persecución judicial y la escasez de recursos han contribuido significativamente a esta fragilidad. Entidades internacionales han colocado a Honduras entre las naciones con ambientes más desfavorables para el periodismo en América Latina, ubicándolo en lugares bajos en los rankings mundiales de libertad de prensa.
Ante este panorama, tanto organismos nacionales como internacionales han instado al Estado hondureño a garantizar la seguridad de los periodistas y a respetar la libertad de expresión, considerándolos elementos esenciales para la democracia y el estado de derecho.
Iniciativas corporativas y reacción social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras llevaron a cabo una ofensiva mediática dirigida contra periodistas críticos, utilizando su órgano oficial de comunicación para descalificar públicamente a reconocidos comunicadores. En una edición reciente de su periódico institucional, se dedicaron varias páginas a señalar a tres periodistas, acompañando las acusaciones con imágenes y calificativos que los identificaban como enemigos del Estado, sin aportar pruebas concretas.
Este suceso provocó una rápida respuesta del sector periodístico y de entidades defensoras de derechos humanos, que repudiaron la iniciativa catalogándola como un asalto institucional sin igual desde los más altos niveles del poder militar y gubernamental. El gremio de periodistas y varios grupos de la sociedad en Honduras han permanecido en estado de alerta, demandando claridad y el respeto a los derechos fundamentales, además del fin de cualquier tipo de amenazas hacia la prensa libre.
El asunto del periodista Rodrigo Wong Arévalo, mencionado en un anuncio de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha captado la atención de la sociedad y producido expresiones de apoyo de parte de entidades tanto nacionales como internacionales. El anuncio, considerado como una acción de intimidación, fue una respuesta a las afirmaciones de Wong Arévalo sobre supuestas anomalías en el uso de fondos públicos. Diferentes sectores han destacado que la tarea de informar y supervisar a las instituciones es un componente fundamental de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha instado al Estado a abstenerse de emitir pronunciamientos que puedan intimidar directa o indirectamente a periodistas y medios, subrayando la obligación estatal de proteger la libertad de pensamiento y expresión. Este tipo de incidentes ha sido interpretado como un intento de restringir la labor informativa y crítica del periodismo nacional, lo que ha incrementado la preocupación sobre el uso del poder institucional para limitar el ejercicio periodístico en Honduras.