Conforme se aproxima la fecha de las elecciones generales en noviembre de 2025, un fenómeno conocido empieza a aparecer nuevamente en la política de Honduras. Recientemente, el partido Libre ha aumentado su retórica en torno a un presunto fraude en el proceso electoral, sin presentar pruebas específicas. Este comportamiento ha sido visto por diversos analistas como una reacción ante el deterioro de la imagen de su candidata, Rixi Moncada, y ante el malestar creciente respecto a la gestión de la presidenta Xiomara Castro.
Una tendencia recurrente en América Latina
La acusación de fraude electoral antes de que se celebren las elecciones no es una novedad en Honduras ni en otras naciones de América Latina. Esta táctica tiene un objetivo claro: sembrar desconfianza en las instituciones encargadas de organizar las elecciones, particularmente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El llamado a la movilización contra un fraude anticipado también busca consolidar el apoyo de la base electoral del partido, que podría sentirse vulnerable ante una posible derrota.
Según analistas políticos, esta estrategia tiene un componente de victimización. «Cuando un candidato percibe que está perdiendo, busca posicionar la narrativa de fraude antes de que los votos sean contados. Es una técnica para deslegitimar el resultado electoral y preparar el terreno para posibles crisis», explicó un experto en ciencia política que prefirió el anonimato.
Para los sectores que denuncian esta táctica, el objetivo principal es claro: posicionar desde antes de los comicios la idea de un resultado manipulado. Esto no solo busca generar un clima de desconfianza en el proceso electoral, sino también justificar posibles protestas en caso de derrota. «Es un guión que se repite, en el que se prepara a la población para que, si el resultado no es favorable, ya exista un argumento listo: ‘Nos robaron las elecciones'», afirmó un constitucionalista.
Reacciones de la sociedad civil y la comunidad internacional
La estrategia del oficialismo ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad hondureña, incluidos miembros de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales. Muchos temen que esta narrativa, sin evidencia, pueda provocar una crisis poselectoral. A lo largo de la historia reciente de América Latina, este tipo de acusaciones sin fundamento ha desestabilizado naciones tras comicios controvertidos.
Para evitar estos peligros, se ha enfatizado la relevancia de tener una vigilancia electoral extranjera independiente y asegurarse de la total transparencia a lo largo de todo el proceso de votación. La comunidad internacional, particularmente entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), ha desempeñado un papel crucial en la supervisión de elecciones anteriores y su participación en los próximos comicios podría ser decisiva.
Las solicitudes para preservar la solidez del Estado de derecho han sido enfatizadas nuevamente. La sociedad civil en Honduras está preocupada porque, si no se lleva a cabo un proceso electoral con suficiente transparencia, las tensiones políticas podrían desencadenar protestas o incluso situaciones de violencia, algo que ya se ha visto en países vecinos de la región.
Un contexto de creciente desaprobación
El nerviosismo en la cúpula del oficialismo hondureño parece estar relacionado con la caída en las encuestas de su candidata, Rixi Moncada, quien no ha logrado captar el apoyo suficiente para competir con otras fuerzas políticas emergentes. A esto se suma la desaprobación de la gestión de Xiomara Castro, quien ha enfrentado críticas por su manejo de la economía y la seguridad en el país.
Esta situación se está viendo como una señal de alerta en el panorama político hondureño. La constante repetición de acusaciones sobre un fraude inminente, sin pruebas claras, refleja una estrategia defensiva ante la posibilidad de un mal resultado electoral. Sin embargo, más allá de las intenciones políticas, lo cierto es que esta narrativa puede tener consecuencias más amplias, tanto para la gobernabilidad del país como para la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
Honduras: rumbo a un porvenir impredecible
En medio de este clima de incertidumbre, la política hondureña enfrenta un reto importante: garantizar que las elecciones de 2025 se lleven a cabo con la mayor transparencia posible, para evitar que las tensiones aumenten aún más. Si las acusaciones de fraude no se desarticulan a tiempo, el país podría verse abocado a una crisis poselectoral que, dada la situación política actual, podría desbordar las instituciones y la cohesión social.
Las acusaciones de fraude que surgen de manera temprana subrayan un problema constante en la política de Honduras: la complejidad para lograr acuerdos y preservar la estabilidad institucional. En este escenario, tanto la comunidad internacional como la sociedad civil desempeñarán un rol fundamental para garantizar que el proceso electoral se desarrolle pacífica y transparentemente, ayudando a prevenir una crisis potencial que podría amenazar el orden democrático del país.