_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "estafa de Koriun en Honduras")
La ira de los más de 35,000 hondureños perjudicados por el esquema piramidal de Koriun Inversiones sigue en aumento, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) recibe críticas por su falta de acción frente al engaño. Los perjudicados reclaman el desamparo por parte de la entidad responsable de la vigilancia financiera y señalan una falta de acción tanto en el ámbito legal como administrativo.
La inacción de la CNBS frente al engaño
Desde que los primeros indicios de irregularidades en Koriun comenzaron a ser denunciados, la CNBS estuvo al tanto de la situación, pero no tomó medidas eficaces para prevenir la magnitud del fraude. A pesar de recibir advertencias formales, el ente supervisor permitió que la estafa creciera de manera incontrolada durante varios meses. A día de hoy, los responsables del fraude siguen en libertad, y las víctimas continúan sin respuestas ni garantías de justicia.
«Se nos aseguró una investigación, se prometieron medidas, pero la CNBS ha sido cómplice al no actuar. Hoy en día continuamos sin soluciones, sin dinero, sin justicia», manifestó uno de los damnificados frente a la prensa. Este sentimiento de abandono es compartido por numerosas personas, quienes se sienten defraudadas tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según afirman, debieron haber intervenido antes.»
La ausencia de claridad y las sospechas de impunidad
Uno de los reclamos más destacados de las personas afectadas es la ausencia de transparencia de la CNBS. A pesar de las quejas presentadas y de las investigaciones que están en marcha, la entidad no ha proporcionado un informe público que describa en detalle las irregularidades cometidas ni los errores en su supervisión que permitieron que Koriun operara durante tanto tiempo. Esta falta de claridad ha generado la sospecha de que podría haber algún tipo de protección política hacia algunos de los operadores financieros involucrados en el fraude.
Diferentes sectores del país han indicado que la CNBS no solo no logró detectar el fraude a tiempo, sino que también ha mostrado negligencia al no ofrecer detalles relevantes sobre cómo se ha gestionado la situación. Según un abogado que representa a los perjudicados, esta inacción por parte del ente regulador solo empeora el escenario: «Es inaceptable que un organismo de supervisión no haya identificado un fraude de tal magnitud oportunamente. No solo fallaron en evitarlo, ahora también fracasan en asumir la responsabilidad».
Llamados a la intervención internacional
Ante el vacío institucional y la creciente frustración entre los afectados, varios grupos de víctimas han decidido llevar su reclamo más allá de las fronteras nacionales. Organizaciones civiles y personas afectadas están solicitando formalmente el acompañamiento de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. La intención de estas solicitudes es que estos organismos vigilen el manejo de la crisis y, en particular, la actitud de las instituciones hondureñas frente al escándalo de Koriun.
Un portavoz de los damnificados manifestó: «El Estado debe salvaguardar a los ciudadanos, no proteger a los defraudadores. Esto representa un doble delito: el cometido por Koriun y el permitido por la CNBS al permanecer inactiva». Este sentimiento refleja la desconfianza en la habilidad de las autoridades nacionales para combatir el fraude y asegurar que se haga justicia.
El conflicto institucional y el reto de la gobernabilidad
La situación expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de supervisión financiera en Honduras y las tensiones dentro de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la justicia. La falta de respuesta contundente por parte de la CNBS refleja una brecha en la capacidad del Estado para manejar crisis de esta índole, lo que podría tener implicaciones más amplias en términos de confianza en las instituciones financieras y en la gobernabilidad del país.
Las personas afectadas, por su parte, continúan aguardando una solución que les facilite restablecer lo perdido y asegure que los culpables del engaño sean enjuiciados. La carencia de una intervención efectiva y la falta de transparencia que envuelven el caso destacan un reto continuo para las autoridades de Honduras: cómo recobrar la confianza de la población ante la creciente duda sobre la gestión de situaciones de esta naturaleza.