_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Caso Koriun en Honduras")
La crisis causada por el esquema piramidal a gran escala de la financiera Koriun Inversiones ha aumentado en las semanas recientes, llevando a manifestaciones ciudadanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula que demandan medidas concretas por parte del gobierno de Honduras. Personas afectadas de diversas partes del país culpan a la falta de acción institucional frente a un caso que ha generado pérdidas millonarias a más de 35,000 individuos. La respuesta del Estado, hasta ahora insuficiente, ha intensificado las críticas públicas y reabierto cuestionamientos sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para prevenir y castigar fraudes de tal envergadura.
Cuestionamiento de las denuncias tanto públicas como institucionales
Las manifestaciones recientes estuvieron marcadas por consignas dirigidas al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a entidades estatales como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los manifestantes aseguran haber sido engañados por una estructura financiera fraudulenta sin que, hasta la fecha, se haya concretado un plan de reparación ni se hayan identificado responsables directos de manera efectiva.
Uno de los puntos más criticados involucra a la CNBS. Los manifestantes señalan al organismo regulador por haber recibido quejas oficiales acerca de las actividades anómalas de Koriun, sin tomar acciones preventivas o correctivas. Estas declaraciones han intensificado la percepción de una posible negligencia institucional, lo que ha exacerbado la desconfianza hacia la supervisión estatal del sistema financiero no bancario.
Rechazo al uso de fondos públicos y exigencia de responsabilidad penal
Los perjudicados también han desestimado sugerencias informales que plantean el uso de dinero del estado para reponer las pérdidas causadas por el engaño. La propuesta de emplear dinero público ha sido considerada por los manifestantes como una acción inadecuada que transferiría la carga del fraude a toda la ciudadanía, en lugar de buscar a los culpables directos y a quienes colaboraron en la estafa piramidal.
Durante las manifestaciones, numerosos carteles mostraron la desaprobación hacia la estrategia implementada por los dirigentes. Frases como “El Gobierno tiene culpa también” y “Koriun engañó, el Estado lo ocultó” indican una visión donde tanto los estafadores como las entidades de control y juzgado tienen parte de culpa por la ausencia de soluciones rápidas.
Simultáneamente, la falta de progresos significativos en el Ministerio Público ha suscitado críticas de varios grupos de la ciudadanía, quienes consideran que no hay un verdadero compromiso político para resolver el asunto de manera judicial adecuada. La inacción de la Fiscalía en un caso que tiene una gran repercusión social e institucional ha creado un nuevo punto de conflicto entre la sociedad civil y el sistema de justicia.
Perspectivas de movimiento y presión global
Ante la falta de avances, organizaciones civiles han anunciado la organización de nuevas jornadas de protesta y han dejado abierta la posibilidad de escalar el conflicto a instancias internacionales. El recurso a mecanismos legales en el extranjero es visto por algunos sectores como una vía para presionar al Estado hondureño a cumplir con sus responsabilidades en materia de justicia y reparación.
El enfrentamiento ha revelado no solo la magnitud del fraude, sino además las vulnerabilidades estructurales en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de acción frente a delitos económicos de gran envergadura. El caso Koriun ha situado en el foco del debate nacional la urgencia de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanción y reparación, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones.
Un escenario caracterizado por el deterioro institucional
El desarrollo del caso Koriun refleja un escenario en el que las expectativas ciudadanas de justicia contrastan con la lentitud institucional. La falta de claridad sobre el destino de los recursos, la responsabilidad de los implicados y el rol de los entes reguladores ha colocado al Estado bajo una lupa crítica. El reto para el gobierno y el sistema judicial no solo consiste en resolver el caso, sino también en restituir la confianza pública en la capacidad de las instituciones para proteger los derechos financieros de la población en un país donde los mecanismos de control continúan siendo frágiles.