_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Maribel Espinoza")
En Honduras, el estado de excepción ha sido objeto de un gran debate en los meses recientes. La diputada Maribel Espinoza, miembro de la oposición, ha mostrado su preocupación acerca de la dirección que ha seguido la puesta en práctica de esta estrategia, inicialmente creada para luchar contra la delincuencia. De acuerdo con sus comentarios, el régimen se está utilizando de forma que cuestiona las garantías constitucionales y podría actuar como instrumento de represión contra grupos críticos del gobierno.
Espinoza reportó que algunas acciones realizadas bajo el estado de excepción están afectando los derechos de las personas. Como ilustración, mencionó la entrada a la casa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez sin una orden judicial, un evento que, según destacó, muestra el uso arbitrario del poder y la ausencia de controles institucionales. Para la legisladora, estas acciones podrían llegar a ser una peligrosa aceptación de prácticas autoritarias si no se establecen claramente los límites del decreto actual.
Observaciones al Ministerio Público y amenazas legales
La legisladora también criticó el desempeño del Ministerio Público, puesto que cree que no está asegurando ni imparcialidad ni el respeto al debido proceso en la aplicación de las medidas excepcionales. Según su perspectiva, esto provoca un entorno de inseguridad legal que impacta no solo a personalidades públicas sino también a cualquier ciudadano vulnerable a decisiones arbitrarias.
En este contexto, Espinoza exhortó al Congreso Nacional a evaluar cuidadosamente si es adecuado continuar con el estado de excepción, considerando únicamente las responsabilidades asignadas a ellos por el electorado y no sus inclinaciones partidarias. Señaló que extender esta disposición podría responder a intenciones políticas dirigidas a fortalecer el dominio gubernamental restringiendo las libertades civiles. Asimismo, destacó que la seguridad pública no debe servir como pretexto para socavar el Estado de derecho ni para limitar la intervención democrática.
Opiniones en el Congreso Nacional y discusión sobre la continuidad
Las observaciones de Espinoza se unen a las opiniones de distintos grupos que piden más claridad en la implementación de esta política. A pesar de que se ideó como una solución frente a la violencia, hay una percepción creciente de que se emplea para acallar las voces críticas. La discusión sobre su permanencia continúa en el Congreso y entre los ciudadanos, quienes solicitan un balance entre la seguridad y el respeto por los derechos básicos.