_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Requerimientos fiscales contra el CNE")
La supuesta emisión de requerimientos fiscales contra los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha desatado una controversia política en Honduras, a poco más de un año de las elecciones generales programadas para noviembre de 2025.
Aunque el Ministerio Público ha negado formalmente que existan acusaciones directas contra Cossette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, el anuncio de investigaciones por presuntas irregularidades durante las elecciones primarias del 9 de marzo ha generado inquietud entre actores políticos y organizaciones de la sociedad civil, que temen una posible instrumentalización del sistema judicial para debilitar la autonomía del órgano electoral.
Reacciones al accionar del Ministerio Público
La declaración oficial del Ministerio Público, liderado por el fiscal general Johel Zelaya, indica que no se han presentado solicitudes específicas contra los integrantes del CNE. No obstante, Zelaya admitió que hay al menos seis solicitudes vinculadas a problemas logísticos identificados en el reciente proceso electoral, como el traslado de materiales, el funcionamiento del sistema biométrico y la distribución de las maletas electorales.
Organizaciones como Defensores de Honduras han indicado que estos movimientos podrían estar vinculados a una táctica para influir políticamente en el CNE, alertando sobre una posible «acción judicial» dirigida a debilitar la institucionalidad del organismo electoral. A esta inquietud se han añadido sectores opositores, como el Partido Liberal, que consideran desmesurado y parcial el enfoque del Ministerio Público. Según este grupo político, cualquier investigación debería abarcar también a otros actores del proceso electoral, como las Fuerzas Armadas, que estuvieron involucradas en la logística de las elecciones.
La crítica más habitual se centra en lo que se considera un proceder selectivo y rápido por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, se ha cuestionado el poco tiempo que se le dio al CNE en ciertas situaciones, únicamente tres horas para proporcionar la información requerida durante las investigaciones, lo cual es visto por diversos sectores como una manera de ejercer presión institucional.
Conflictos institucionales y peligro de judicialización electoral
El contexto presenta un desafío complicado para la estructura democrática de la nación. Según voces opositoras, una posible interferencia judicial en el CNE podría llevar a la suspensión de sus actividades o incluso a la remoción de ciertos consejeros, afectando así la organización y dirección de las elecciones de 2025. La perspectiva de que se establezca un dominio político sobre el organismo electoral se percibe como un peligro directo para la honestidad y confianza en los futuros comicios.
El miedo a que el proceso electoral se vuelva un asunto de tribunales no es algo reciente en el ámbito político de Honduras, pero cobra más importancia con la cercanía de las elecciones generales. La idea de que se puedan emplear recursos legales para fines políticos alimenta un ambiente de desconfianza entre los ciudadanos, minando la participación y la credibilidad de las entidades responsables de asegurar el derecho al voto.
Solicitudes de justicia y supervisión del procedimiento
Frente a esta situación, diferentes sectores han enfatizado la importancia de mantener el equilibrio institucional y asegurar una justicia neutral. Están de acuerdo en que cualquier examen sobre anomalías en el proceso electoral debe llevarse a cabo con precisión técnica, claridad y sin inclinaciones políticas. También destacan la relevancia de una supervisión activa de la ciudadanía, las entidades de supervisión electoral y la comunidad internacional para garantizar la igualdad en el proceso democrático.
El incidente también destaca la debilidad de los sistemas de balance institucional en Honduras. Sin una reforma profunda que refuerce la autonomía de las entidades de fiscalización y monitoreo, situaciones como esta suelen intensificar los conflictos entre las ramas del gobierno y fomentar la división política.
Un reto para la estabilidad democrática
Conforme las indagaciones acerca de las anomalías en las elecciones primarias progresan, el enfoque se encuentra en cómo el Ministerio Público y el sistema judicial procederán con el asunto. La interrogante principal sigue siendo: si estas medidas buscan aclarar hechos específicos o si están motivadas por una estrategia política de cara a las elecciones de 2025.
La respuesta a esta pregunta marcará no solo el destino de los consejeros señalados, sino también la credibilidad del proceso electoral en su conjunto. En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas se vuelven condiciones indispensables para preservar la legitimidad democrática en Honduras.