Varios grupos dentro de la sociedad hondureña y entidades internacionales muestran preocupación por el dominio institucional que el oficialismo tiene, en un contexto político caracterizado por tensiones en torno a la gobernabilidad y la democracia.
Reforzamiento de la autoridad en entidades fundamentales del Estado
Desde que comenzó la administración actual liderada por la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha aumentado su influencia en las entidades clave del Estado. La presencia del oficialismo se ha incrementado en el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
Según las acusaciones de los adversarios, algunos de estos nombramientos han ocurrido sin seguir los procedimientos parlamentarios estipulados y como parte de pactos políticos poco claros. La legisladora Maribel Espinoza, quien forma parte del grupo opositor, destacó que el objetivo del partido gobernante trasciende la administración, al señalar que pretende «tener dominio total», incluyendo entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
El crecimiento del poder de las instituciones genera cuestionamientos acerca del balance entre los poderes del Estado y la efectividad de los mecanismos democráticos para el control político.
Advertencias acerca de riesgos para la democracia y acusaciones de hostigamiento
Voces expertas y centros de análisis han advertido que el proceso de concentración de poder puede generar un debilitamiento estructural de la democracia. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha señalado que esta dinámica erosiona la independencia de los poderes públicos y puede facilitar un modelo de gobierno con rasgos autoritarios.
ha llevado a limitaciones en la actividad política y a una disminución de las oportunidades para la disidencia.Similitudes con otros entornos de América Latina han surgido repetidamente en las discusiones públicas. Varios expertos asocian la situación en Honduras con lo que ocurrió en naciones como
En este contexto, crece la inquietud sobre la forma en que se aborda a sectores autónomos, especialmente a los medios de comunicación y empresarios. Informes recientes indican un incremento de la presión sobre periodistas críticos, como el caso del periodista Rodrigo Wong Arévalo, y campañas gubernamentales que critican abiertamente a ciertos grupos de empresarios, identificados como “las 10 familias”.
Diversas instituciones a nivel nacional e internacional han alertado que estas medidas podrían constituir un esfuerzo para desmotivar la crítica y restringir la diversidad de opiniones en la discusión pública.
Solicitudes de monitoreo global y alertas desde la ciudadanía
Ante tal escenario, diversas entidades han hecho llamados a la comunidad internacional, especialmente a cuerpos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para que continúen vigilando de manera activa la situación política en Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó en un aviso que los ciudadanos deben estar alerta ante los peligros que implica la centralización del control político. En la misma declaración, la organización afirmó que cuando «el poder se acumula en una única mano, la libertad corre riesgo», e instó a asegurar un proceso electoral libre y claro para los comicios programados en noviembre de 2025.
Este llamado ocurre en un contexto de creciente desconfianza institucional y demanda de garantías democráticas, en el que se discute el papel que deben jugar los actores internacionales como garantes del respeto a los principios constitucionales y de los derechos políticos de la ciudadanía.
Un momento caracterizado por retos a la institucionalidad
La realidad actual muestra tensiones en la estructura del sistema democrático de Honduras, especialmente en lo que se refiere a la división de poderes, la responsabilidad y el acceso justo a las áreas de participación política. El incremento del control institucional por el partido gobernante ocurre en un contexto donde los mecanismos de equilibrio enfrentan restricciones para funcionar de manera independiente.
En este contexto, los meses venideros serán críticos para valorar la habilidad de las instituciones en Honduras de preservar su independencia, al igual que el grado de receptividad del sistema político ante críticas y la participación diversa en un proceso electoral que ya empieza a aparecer como fundamental para el porvenir político de la nación.