_-_copia.jpeg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Elecciones Honduras 2025")
En los últimos tiempos, el escenario político en Honduras ha estado influenciado por la activación ciudadana en apoyo a la diversidad democrática y la participación política inclusiva. En la capital, un variado grupo compuesto por integrantes de organizaciones civiles, estudiantes universitarios, dirigentes de comunidades y ciudadanos autónomos se reunió frente a la sede legislativa para llevar a cabo una vigilia tranquila. El propósito central de esta protesta fue demandar protección absoluta y consideración para los partidos políticos de menor tamaño en el marco del proceso electoral que finalizará con las elecciones generales programadas para noviembre de 2025. La vigilia, señalada por la utilización de velas y carteles, funcionó como una reacción simbólica frente a lo que los asistentes interpretan como un riesgo al sistema de múltiples partidos, en un contexto de acusaciones de presiones, bloqueos administrativos y marginalización en medios hacia los partidos nuevos.
El evento también sirvió como plataforma para criticar acciones que, según los asistentes, obstaculizan la participación justa en el intercambio de ideas, imponen barreras sin justificación para registrar nuevos partidos y perpetúan historias oficiales que desacreditan a los grupos no convencionales. Asimismo, se destacó el empleo de recursos gubernamentales para beneficio de los partidos en el poder. Durante la manifestación, se presentó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), solicitando igualdad de oportunidades, claridad en el acceso a los medios estatales y resguardo contra el hostigamiento político hacia los aspirantes independientes o de minorías.
Marco del proceso electoral y alegaciones de exclusión
El evento electoral en Honduras para 2025 ocurre bajo una gran tensión y división. Los comicios primarios recientes, que tuvieron lugar el 9 de marzo, incluyeron a los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estas elecciones se caracterizaron por importantes retrasos en la distribución del material electoral, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo cual provocó malestar y acusaciones de irregularidades de parte de votantes y dirigentes políticos. El CNE admitió problemas logísticos, mientras que sectores de la oposición atribuyeron los eventos a una posible interferencia por parte de las Fuerzas Armadas y la ministra de Defensa, quien también es precandidata presidencial.
En este entorno, las agrupaciones políticas nacientes han criticado iniciativas legislativas que pretenden adelantar el plazo para entregar planillas, lo cual consideran como una medida que limita sus oportunidades de participación y refuerza la exclusión política. Estas acciones se suman a quejas acerca del uso inequitativo de fondos públicos y la falta de acceso igualitario a los medios estatales. Las inquietudes de la sociedad civil y de las formaciones minoritarias se centran en la necesidad de proteger la diversidad política y en evitar que se afiancen prácticas restrictivas con vistas a las elecciones generales de noviembre de 2025.
Respuestas de las instituciones y exigencias de la población
La manifestación frente al Congreso Nacional evidenció la supervisión constante de la ciudadanía sobre el proceso democrático. Los participantes presentaron de manera formal sus peticiones a las autoridades electorales, pidiendo que se garantice la equidad para todos los partidos registrados y que se asegure la claridad en la distribución de tiempos en los medios públicos. Asimismo, demandaron medidas efectivas contra la intimidación política, sobre todo para candidatos independientes o de partidos con menor representación.
El ciclo parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, comenzado después de las votaciones de 2021, ha sido caracterizado por la división y momentos de crisis interna, como el conflicto en la selección de la junta directiva y la división entre bancadas. Este entorno ha aumentado la impresión de que hay prácticas que benefician a los partidos convencionales y complican la participación de nuevas entidades políticas. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de supervisar y proteger los espacios de libertad y participación política, destacando que la diversidad es un componente esencial para la democracia en Honduras.