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A menos de dos meses para las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, expertos en cuestiones electorales han lanzado alertas sobre posibles estratagemas provenientes del Consejo Nacional Electoral (CNE), las cuales podrían beneficiar a la aspirante oficialista Rixi Moncada. De acuerdo con los especialistas, miembros del partido en el poder LIBRE, junto con personal del CNE, tendrían la posibilidad de intervenir en sistemas críticos como el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), modificando el desenlace del voto.
Redes de influencia en el proceso electoral
El riesgo de manipulación no se limita al CNE. Diversos expertos señalan la participación de empresas tecnológicas vinculadas a la implementación de sistemas electorales, así como la posible implicación de ciertos grupos económicos, en una estructura orientada a garantizar resultados predeterminados. A este panorama se suma la exclusión sistemática de partidos emergentes y la judicialización de candidatos disidentes, estrategias que podrían limitar la competencia efectiva y centralizar el control sobre el electorado.
Los incidentes registrados durante las elecciones primarias de marzo, en las que la distribución de material electoral estuvo a cargo de funcionarios con vínculos a LIBRE, evidenciaron problemas logísticos y retrasos significativos. Estas fallas generaron desconfianza entre la ciudadanía y elevaron la preocupación sobre la transparencia de los próximos comicios.
Implicaciones para la legitimidad institucional
Los especialistas señalan que el discurso sobre fraude electoral podría servir como herramienta política para cuestionar resultados desfavorables o legitimar manifestaciones en las calles, lo que aumentaría la división social y política previo a las elecciones. La observación ciudadana y la demanda de cambios en el sistema electoral son presentadas como acciones esenciales para prevenir que el país entre en ciclos de disputa y conflictos institucionales.
El rol del CNE en la gestión de sistemas esenciales como el TREP, además de la participación de actores políticos y económicos, crea una situación donde la percepción de claridad será crucial para la confianza en las instituciones democráticas. La confianza en el proceso electoral, según los expertos, depende significativamente de que los mecanismos de control y auditoría operen de manera autónoma y comprobable.
Vigilancia y participación ciudadana
Frente a esta situación, la sociedad civil y los partidos políticos tienen un rol central en supervisar el cumplimiento de la legalidad y la integridad del proceso. La articulación de mecanismos de observación y la atención a los movimientos judiciales relacionados con candidaturas disidentes se consideran pasos clave para garantizar elecciones libres y justas.
El panorama político hondureño muestra tensiones marcadas por la interacción entre actores del poder, partidos emergentes y estructuras electorales. La capacidad del país para mantener la estabilidad democrática dependerá de la efectividad de los controles institucionales y de la participación activa de la ciudadanía en la supervisión del proceso electoral.