A menos de seis meses de las elecciones generales en Honduras, distintas voces especializadas han puesto sobre la mesa una propuesta concreta para fortalecer la transparencia electoral: incorporar sistemas de geolocalización GPS en todas las maletas que transportarán el material electoral. La medida busca garantizar el seguimiento en tiempo real de los kits desde su salida del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta su retorno para el escrutinio.
La propuesta aparece en un contexto caracterizado por la falta de confianza de la población y las disputas políticas crecientes, en el cual diferentes sectores han manifestado su inquietud frente a un posible deterioro de las garantías institucionales y un ambiente poselectoral lleno de conflictos.
Plan técnico con contexto local
El enfoque, avalado por especialistas en tecnología electoral, incluye la utilización de dispositivos GPS para seguir cada maleta a lo largo de todo el proceso logístico. Según el ingeniero de sistemas Marvin Mejía, esta aplicación permitiría tener conocimiento exacto del recorrido de los materiales y identificar cualquier desvío o retraso que pueda poner en riesgo la cadena de custodia.
Experiencias comparables han sido implementadas en elecciones de naciones como México, Colombia y República Dominicana. En dichas situaciones, la aplicación del GPS se ha enfocado en evitar incidentes como pérdidas, modificaciones del contenido o desplazamientos no autorizados.
Desde una perspectiva operativa, los especialistas aseguran que la tecnología es de bajo costo —con dispositivos valuados entre 15 y 30 dólares— y fácilmente adaptable a sistemas de monitoreo móviles, lo que permitiría acceso tanto a fiscales partidarios como a observadores nacionales e internacionales.
Demandas desde la sociedad civil
La iniciativa ha sido adoptada como una demanda por organizaciones civiles dedicadas a la supervisión de elecciones. Transparencia Electoral, Red de Observadores y la Fundación para la Democracia han instado al Consejo Nacional Electoral a incluir urgentemente esta tecnología en su presupuesto y a establecerla como un elemento esencial del proceso.
Las agrupaciones sostienen que la medida contribuiría a recuperar la confianza en la administración del proceso electoral, ante reiteradas denuncias de irregularidades en las últimas jornadas electorales. En ese sentido, consideran que la negativa a adoptar este mecanismo podría interpretarse como una falta de voluntad institucional para garantizar una elección limpia.
“Si el CNE lo rechaza, estará transmitiendo el mensaje más negativo imaginable: que no desea que la ciudadanía observe lo que sucede entre el momento de votación y el registro final”, manifestó un abogado experto en legislación electoral relacionado con iniciativas de vigilancia ciudadana.
Ambiente político e inquietudes sobre fraudes
El debate ocurre en un contexto de intensificación de la polarización política, con grupos opositores y sociales advirtiendo sobre las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo la futura contienda. Los factores que generan esta inquietud incluyen el estado de excepción vigente, que limita algunos derechos esenciales, y el acaparamiento de poder que, según diversas opiniones, podría estar reduciendo los equilibrios democráticos.
Dirigentes opositores han señalado que los espacios de fiscalización institucional están siendo reducidos, lo que “a su juicio” podría abrir la puerta a manipulaciones logísticas o alteraciones fuera del escrutinio público. “Una elección no se gana en las urnas si las maletas son manipuladas en la sombra”, sostuvo una fuente internacional con experiencia en observación electoral, citada por medios locales.
Ante esta situación, los defensores argumentan que supervisar mediante GPS sería una opción económica que podría reducir los riesgos de desconfianza o conflictos después de las elecciones. La asesora electoral Karen Pineda destacó que «es un gasto mínimo en comparación con el costo de una crisis electoral posterior».
Un desafío de legitimidad y confianza
La iniciativa de integrar GPS en las maletas electorales resalta los retos que Honduras enfrenta en términos de confianza del público e integridad en el proceso electoral. En una situación donde las condiciones institucionales están bajo escrutinio, la discusión sobre estas medidas toma una dimensión que va más allá de lo técnico.
A medida que se aproxima el día de las votaciones, el sistema político de Honduras enfrenta un dilema crucial: fortalecer sus métodos de control y transparencia, o seguir funcionando en un entorno lleno de sospechas y conflictos. La reacción del CNE a esta propuesta será vista como una señal del compromiso institucional con la legitimidad del proceso.