A menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el involucramiento de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa generando discusiones. Su función constitucional es asegurar la seguridad, cuidado y traslado del material electoral, además de la protección de los centros de votación, enfrentándose a un incremento en los cuestionamientos, impulsados por fallos recientes y un contexto de desconfianza hacia las instituciones.
Compromisos formales y declaraciones oficiales de instituciones
Los dirigentes del Ejército han confirmado de manera pública su adhesión a los principios constitucionales de neutralidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, hablando en nombre de la alta jerarquía militar, reafirmó la promesa de las Fuerzas Armadas de asegurar un proceso electoral «limpio, transparente y seguro», subrayando el carácter apolítico y no deliberante de la institución militar.
Desde el Departamento de Defensa se ha reiterado que las Fuerzas Armadas cumplirán con las directrices del Consejo Nacional Electoral (CNE), de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución. Por lo tanto, en la etapa electoral, las FF. AA. deben desvincularse operativamente del Poder Ejecutivo para dedicarse únicamente a la protección del proceso electoral.
Reproches por problemas logísticos y eventos pasados
A pesar de los comunicados oficiales, diversos sectores han cuestionado la habilidad de las Fuerzas Armadas para asegurar un proceso electoral sin problemas. Durante las elecciones primarias de marzo de 2025, se informó de demoras de hasta cinco horas en la distribución del material electoral en ciudades importantes como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los problemas logísticos fueron responsabilizados tanto al liderazgo militar como a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, lo cual provocó una serie de críticas por parte de la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos sucesos reabrieron la discusión sobre la capacidad operativa del Ejército en labores relacionadas con elecciones y renovaron las críticas sobre su autonomía. Algunos expertos señalan que, si no se solucionan los errores mostrados en las primarias, el evento del 30 de noviembre puede enfrentarse a dificultades parecidas, afectando la confianza de la población en las entidades responsables del proceso democrático.
Conflictos institucionales y peligro de politización
La controversia ha tocado igualmente al discurso oficial. Especialistas indican que grupos pro-gubernamentales han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, fomentando un relato dirigido a mantener la reputación de la entidad militar. Esta actitud ha coincidido con una creciente falta de confianza en el CNE, cuyas habilidades técnicas y directrices han sido cuestionadas por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.
En este escenario, el papel de las FF. AA. adquiere una complejidad mayor. Aunque su misión constitucional les prohíbe participar o involucrarse en temas políticos, la opinión pública acerca de su neutralidad se ve influenciada por la politización del debate electoral. La tensión incrementa conforme se acerca el día de las elecciones, en un contexto de polarización y dudas sobre la institucionalidad democrática.
Un reto para la validez de las elecciones
El involucramiento de las Fuerzas Armadas en las elecciones de noviembre es crucial para la legitimidad del proceso electoral en Honduras. A pesar de que la Constitución les otorga un papel operativo específico y definido, los antecedentes de problemas logísticos y la desconfianza en el sistema electoral ponen a la institución militar en una situación complicada.
En un país con altos niveles de polarización política y frágil institucionalidad democrática, el desempeño de las FF. AA. durante los comicios podría influir decisivamente en la percepción de legitimidad del resultado electoral. La transparencia operativa y el respeto estricto al mandato constitucional serán claves para evitar mayores tensiones y preservar la estabilidad democrática en un año electoral decisivo.