Las referencias a Manuel Zelaya y su círculo familiar en investigaciones internacionales sobre narcotráfico han reavivado el debate sobre la influencia del crimen organizado en la política hondureña. Estos señalamientos, sustentados en testimonios y documentos, no se limitan a episodios aislados, sino que se han reiterado en distintos momentos, afectando la imagen pública del expresidente y del oficialista Partido LIBRE, hoy en el poder.
Afirmaciones y pruebas sobre las conexiones
Uno de los pasajes más mencionados proviene de un video publicado en 2013 donde Carlos Zelaya Rosales, hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, se encuentra participando en una reunión con dirigentes del cartel Los Cachiros. Durante esa reunión, aparentemente se abordó el tema de financiar campañas políticas utilizando fondos del narcotráfico, incluyendo la de Castro.
Pasados varios años, durante su declaración ante cortes estadounidenses, Devis Leonel Maradiaga, conocido como “El Cachiro”, indicó que Carlos Zelaya estaba involucrado con el tráfico de drogas en Olancho en 2017 y que en 2021 aceptó sobornos de organizaciones delictivas. Estas acusaciones sugieren una posible persistencia en los lazos de la familia Zelaya con actividades ilegales.
Además, documentos oficiales como solicitudes de asistencia legal enviadas a Colombia y grabaciones telefónicas, mencionan a miembros de la familia, incluyendo a Manuel Zelaya, sus hermanos y su hijo, en investigaciones sobre lavado de dinero y transacciones irregulares relacionadas con propiedades.
Ecos en la política hondureña
Durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el nombre de Manuel Zelaya volvió a aparecer. Según se señaló, habría recibido dinero proveniente de empresas vinculadas al narcotráfico, lo que refuerza la percepción de que actores del más alto nivel político hondureño han mantenido relaciones con estas redes.
Aunque las acusaciones son serias, ni Manuel Zelaya ni su familia han sido sentenciados judicialmente. Zelaya ha rechazado repetidamente cualquier vinculación con actividades ilícitas, describiendo las acusaciones como maniobras políticas para perjudicar al Partido LIBRE.
Este contraste entre las evidencias presentadas en instancias internacionales y las respuestas de los señalados refleja la dificultad del sistema judicial hondureño para procesar casos que involucran a figuras políticas de alto perfil.
Implicaciones para la institucionalidad y la gobernabilidad
La continuidad de estas alusiones repercute más allá del marco legal. La acusación de que fondos ilegales han respaldado campañas políticas, incluida la de la actual presidenta, incrementa la falta de confianza pública en la justicia electoral y socava la credibilidad de las instituciones.
El hecho de que nombres ligados a la cúpula de LIBRE aparezcan en expedientes internacionales sobre narcotráfico intensifica la polarización política y refuerza la narrativa de que el poder en Honduras se encuentra atravesado por intereses criminales. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar una gobernabilidad libre de injerencias ilegales.
El debate tiene un impacto económico: la idea de que la política en Honduras está vinculada a redes ilegales puede influir en la confianza de los inversores extranjeros y detener esfuerzos de colaboración global. La estabilidad institucional, ya débil, se encuentra con otro desafío relacionado con los antecedentes de acusaciones contra figuras políticas destacadas.
Un desafío pendiente para Honduras
El caso de la familia Zelaya ilustra cómo las acusaciones relacionadas con el narcotráfico han dejado de ser episodios puntuales para convertirse en un factor estructural en el debate sobre el presente y el futuro del país. Mientras en el plano judicial aún no se registran condenas firmes, en el plano político las implicaciones son inmediatas y profundas.
Las acusaciones verificadas en tribunales internacionales y las refutaciones de los involucrados dejan a Honduras en un estado de inestabilidad institucional, afectando de manera directa la confianza del público, la legitimidad del sistema democrático y las expectativas económicas.