_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Smartmatic en el proceso electoral hondureño")
La proximidad de las elecciones generales en Honduras, previstas para noviembre de 2025, ha suscitado un aumento en las preocupaciones sobre el uso de tecnología electoral, especialmente en lo que concierne a la empresa Smartmatic. Esta firma, reconocida por proporcionar soluciones de votación electrónica y transmisión de resultados, ha provocado fuertes críticas y cuestionamientos acerca de su habilidad para asegurar la transparencia y equidad en el proceso electoral.
La función de Smartmatic en los comicios de 2025
Smartmatic, una multinacional especializada en sistemas de votación electrónica y biometría, ha sido seleccionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar aspectos clave del proceso electoral en Honduras. Su implicación se centra en la provisión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la implementación de tecnología biométrica. Sin embargo, la adjudicación directa de contratos por un monto cercano a los 532 millones de lempiras ha levantado críticas por la falta de transparencia y el hecho de concentrar en una sola empresa el manejo de estos elementos cruciales.
La elección de Smartmatic ha sido recibida con desconfianza por varios sectores políticos y sociales, quienes argumentan que la empresa, al ser percibida como vinculada al gobierno venezolano, podría tener inclinaciones políticas que pongan en riesgo la imparcialidad del proceso. Además, los antecedentes de la compañía, con acusaciones de fraude y fallos técnicos en otros países como Venezuela, Filipinas y El Salvador, alimentan aún más las inquietudes sobre la fiabilidad de sus servicios.
Respuestas políticas y sociales frente a la polémica
El sector de oposición en Honduras ha sido particularmente crítico del papel de Smartmatic en los comicios de 2025. Diversos grupos políticos han manifestado que la compañía podría estar beneficiando al gobierno actual, especialmente porque el CNE ha adjudicado a Smartmatic mediante un proceso directo. Estas afirmaciones han fomentado un ambiente de desconfianza hacia las entidades responsables de la organización electoral.
En cuanto al partido en el poder, LIBRE, ha defendido la implementación de tecnologías avanzadas para garantizar la transparencia en el proceso de votación. Sin embargo, la ausencia de una supervisión externa respecto a la tecnología de Smartmatic ha mantenido el tema en discusión. Para la sociedad civil, la transparencia se ha transformado en una demanda esencial, y numerosas organizaciones han solicitado que se efectúen auditorías independientes y que se permita la supervisión internacional del proceso electoral. La falta de claridad sobre el papel de Smartmatic y los posibles problemas en su tecnología continúan siendo motivo de preocupación para varios sectores de la población.
Tensiones en un ambiente electoral polarizado
El ambiente político en Honduras durante las semanas que anteceden a las elecciones se caracteriza por una polarización incrementada, lo cual ha elevado la presión sobre el CNE. En este escenario, la incorporación de Smartmatic en el proceso electoral ha potenciado la desconfianza en las instituciones responsables de asegurar la transparencia y la equidad en la votación.
Los cuestionamientos hacia la compañía se enfocan principalmente en los riesgos potenciales de manipulación del sistema, ya sea por errores técnicos o por debilidades en la plataforma empleada para la transmisión de resultados. En las elecciones primarias de 2025, se notificaron previamente inconvenientes con la formación del personal y el uso de dispositivos biométricos, lo que incrementó los miedos a posibles anomalías. Con estos antecedentes, el miedo a que el sistema de votación sea susceptible a manipulaciones tanto internas como externas se ha vuelto una de las mayores inquietudes de la oposición y de segmentos de la sociedad civil.
La polémica igualmente evidencia una crisis más profunda relacionada con la institucionalidad democrática del país. La desconfianza hacia el CNE y las acusaciones de inclinación política han incrementado la polarización social, lo que podría impactar la legitimidad del proceso electoral y su aceptación por parte de los ciudadanos.
Llamados a la transparencia y vigilancia internacional
Debido a la envergadura de las preocupaciones acerca de la función de Smartmatic, diversos grupos han solicitado más claridad en el proceso electoral. Entre las solicitudes más comunes se encuentra la necesidad de efectuar una auditoría independiente del software usado por la compañía, así como el acceso al código fuente de la plataforma que administrará los resultados. Adicionalmente, se ha solicitado la intervención de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea para que supervisen el proceso y aseguren la neutralidad de las elecciones.
Del mismo modo, la insistencia de actores políticos y civiles podría resultar en una fiscalización más detallada del proceso de licitación, explorando alternativas tecnológicas que generen menos oposición o, al menos, que sean menos vulnerables a críticas. Igualmente, se ha propuesto la necesidad de llevar a cabo una vigilancia extensiva del proceso electoral, contando con la presencia de observadores tanto nacionales como internacionales para asegurar la transparencia y evitar fraudes potenciales.
Reflexión final sobre el futuro electoral
La polémica en torno a la utilización de la tecnología de Smartmatic destaca la creciente desconfianza hacia las instituciones electorales en Honduras, un reto que se intensifica con la proximidad de las elecciones de 2025. La ausencia de claridad en el proceso de contratación, el historial de la compañía y las inquietudes sobre la protección del sistema de votación son factores que podrían influir en la credibilidad del proceso electoral y acentuar las divisiones políticas en la nación.
La respuesta a esta pérdida de confianza exige mejorar la apertura y autonomía en la administración de los comicios. La democracia futura de Honduras está fuertemente vinculada a la habilidad de sus instituciones para asegurar un proceso electoral sin intervención alguna y con la legitimidad necesaria para ser reconocido por todos los grupos políticos y sociales. Los comicios de 2025 representan un desafío importante para el sistema democrático del país y para la paz política en el futuro cercano.