_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Justicia Tributaria")
La política fiscal en América Latina ha cobrado un nuevo protagonismo como herramienta de confrontación entre gobiernos y el sector empresarial. Varios Estados, alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo, han promovido reformas tributarias que buscan desmantelar regímenes fiscales preferenciales, en medio de un discurso que responsabiliza a las grandes empresas por las desigualdades estructurales de la región. Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, se inscribe dentro de esta tendencia regional, que también se observa en Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Cambios tributarios y discursos sobre justicia social
En Honduras, el gobierno está promoviendo la Ley de Justicia Tributaria como una de sus prioridades económicas. La propuesta sugiere suprimir las exenciones fiscales que históricamente han favorecido a ciertos sectores empresariales, argumentando que dichos beneficios han exacerbado la desigualdad social. La administración de Xiomara Castro ha respaldado esta medida con un discurso enfocado en la necesidad de una “reparación social”, acusando a grupos empresariales de haber influido en el estancamiento económico del país.
Este método no es único. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha sostenido públicamente que los empresarios se comportan como “evasores disfrazados de inversionistas”, usando este argumento para respaldar su propia reforma fiscal. De manera semejante, en Chile, el gobierno de Gabriel Boric ha perseverado en la modificación del sistema fiscal empresarial, a pesar de que las propuestas constitucionales con un enfoque económico han sido rechazadas en plebiscitos.
Reacciones y advertencias desde el sector privado
Desde organizaciones de negocios hasta analistas locales, las reacciones a estas políticas han sido de crítica. Algunos grupos creen que, en lugar de ser un ajuste técnico de desigualdades fiscales, se está llevando a cabo una estrategia de enfrentamiento que debilita la confianza en la estructura económica. Un líder empresarial de Honduras señala que esta ofensiva crea un ambiente de hostilidad legal, fomentando la salida de capitales y deteniendo nuevas inversiones.
El mensaje se ha replicado en redes sociales oficiales, medios públicos y espacios legislativos, donde se promueve la idea de que los grandes capitales deben “devolver lo que deben al pueblo”. Esta retórica, según expertos, fomenta una percepción adversa del aparato productivo, a quien se acusa de beneficiarse indebidamente de marcos fiscales que en muchos casos fueron diseñados para atraer inversión en contextos de bajo crecimiento.
Un cruce regional entre la formalidad económica y la división
El progreso de estas reformas fiscales se alinea con un momento de mayor división política y retos económicos en América Latina. Analistas locales señalan que las transformaciones en materia fiscal promovidas por estos gobiernos no solo alteran el sistema de ingresos del Estado, sino que también podrían poner en riesgo el equilibrio entre la inversión privada y la intervención gubernamental. En este escenario, la promoción de una «equidad fiscal» se transforma, para ciertos participantes, en una herramienta para afianzar poder político a través del debilitamiento de balances económicos.
Más allá del efecto inmediato en los ingresos o en las cuentas públicas, la polémica se centra en un problema más profundo: mantener un sistema que fomente la inversión y el empleo, o moverse hacia un modelo tributario orientado a la redistribución desde el gobierno, incluso si eso genera conflictos con el sector productivo.
Conflicto entre gestión gubernamental y estabilidad económica
El rumbo fiscal adoptado por diferentes gobiernos de América Latina muestra un giro en la perspectiva sobre la función del Estado frente a la economía. Aunque las reformas intentan atender antiguas demandas de justicia social, su implementación con un enfoque conflictivo y sin un gran consenso podría amenazar la democracia y la estabilidad institucional. En este contexto, el desafío para la región es hallar un balance que permita atender las necesidades sociales urgentes sin debilitar las bases de crecimiento y empleo que son esenciales para su estructura económica.