Una nueva polémica envuelve las actividades del Poder Legislativo en Honduras. El presidente del Congreso Nacional Honduras, Luis Redondo, se enfrenta a críticas por la formalización de una ley en el periódico oficial La Gaceta. La controversia surge porque, según las acusaciones, dicha publicación se efectuó sin que se hubiera comprobado previamente el acta de la sesión donde se aprobó la normativa, un procedimiento conocido como ratificación de acta. Afirman que esta acción infringe las normas claras del marco legislativo del país.
Fuentes internas del hemiciclo legislativo indican que este episodio no es un hecho aislado. Se han registrado episodios similares en el pasado reciente, lo que configura un patrón de conducta. Tal recurrencia genera serias dudas sobre la legitimidad de las legislaciones que han sido promulgadas bajo este esquema. El reglamento interno del Congreso es categórico: ningún decreto adquiere fuerza legal y oficial si no ha sido precedido por la aprobación formal del acta correspondiente a la sesión en que se acordó. Esta insistencia en un procedimiento considerado irregular ha encendido las alarmas en diversos círculos políticos y sociales del país.
Efecto sobre la estructura democrática
Un grupo de legisladores de la oposición ha descrito esta acción como una «grave afrenta a la institucionalidad democrática del país». Estos parlamentarios críticos sostienen que tal conducta erosiona significativamente el respeto al principio de legalidad, un componente esencial en la creación de nuevas leyes. Ante esta situación, están considerando acudir a tribunales y organismos constitucionales. Su meta principal es detener lo que consideran una «dictadura parlamentaria de facto», una circunstancia que, según ellos, distorsiona los procesos democráticos de toma de decisiones.
Al mismo tiempo, varios analistas en el ámbito político y expertos jurídicos han expresado su inquietud. Advierten que esta táctica no solo socava la confianza del público en el Poder Legislativo, sino que también establece un precedente muy arriesgado. La implementación de leyes sin seguir los controles internos previstos —creados justamente para proteger la voluntad del pueblo y el debido proceso legislativo— se considera una desviación significativa. Un reconocido constitucionalista, al meditar sobre el asunto, afirmó que «promulgar una ley sin la aprobación del acta es como falsificar la crónica parlamentaria. Es similar a sancionar leyes ilusorias», subrayando la gravedad de la omisión.
Convocatoria a las entidades de supervisión y posibles repercusiones legales
Frente a la seriedad de los acontecimientos presentados, varias organizaciones de la sociedad civil y organismos responsables de la vigilancia legislativa han lanzado un fuerte llamado. Sus demandas están dirigidas a las principales autoridades de control estatal, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. El pedido es claro: estas instituciones deben actuar con rapidez para investigar a fondo y aplicar las sanciones pertinentes a una práctica que, según su punto de vista, infringe directamente el Estado de Derecho. La solicitud se centra en la restauración de la legalidad y la transparencia en el ejercicio del poder.
Este último suceso se suma a una serie de cuestionamientos que han caracterizado el desempeño del Congreso Nacional Honduras durante la actual legislatura. La persistencia de estas irregularidades en el procedimiento legislativo podría, a mediano plazo, desencadenar una serie de impugnaciones legales. Tales acciones judiciales tendrían como blanco directo las leyes ya promulgadas bajo este esquema que se considera anómalo, lo que podría generar un escenario de considerable inestabilidad jurídica y política en el país centroamericano.