_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Congreso paralelo en Honduras")
Frente a un entorno de intensificación de la polarización institucional, el líder del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, sugirió la eventualidad de excluir a legisladores de la oposición y crear un organismo legislativo alternativo si continúa la obstrucción a las propuestas del partido de gobierno. Sus comentarios, expresados durante una reunión en el hemiciclo, generaron una serie de respuestas críticas por parte de los grupos opositores y varios sectores políticos y legales del país.
Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte con acciones excepcionales
Luis Redondo, presidente del Poder Legislativo y miembro del oficialismo, Libertad y Refundación (LIBRE), mostró su descontento ante lo que percibe como un bloqueo continuo por parte de la oposición a las iniciativas promovidas por su grupo. “No es aceptable que una minoría obstaculice la voluntad del pueblo”, afirmó, añadiendo que se implementarán “acciones decisivas” para asegurar el funcionamiento del Congreso.
En su discurso, Redondo puso en tela de juicio el papel de los grupos opositores al gobierno y propuso que una solución viable podría ser la «renovación» del Legislativo. Aunque no especificó medios legales o procedimentales, su advertencia contempló la formación de un Congreso paralelo si la situación actual impide seguir adelante con la agenda del Ejecutivo en el Parlamento.
La oposición acusa un intento de acumular poder
Los grupos del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros conjuntos no gobernantes respondieron rápidamente, describiendo las afirmaciones como un intento de “golpe legislativo” dirigido a concentrar el poder en beneficio del Ejecutivo. El congresista Tomás Zambrano señaló que Redondo actuaba con autoritarismo: “Este es un intento desesperado por conseguir un poder ilimitado para LIBRE. No lo permitiremos”, declaró.
En el mismo tono, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos advirtió sobre la ilegalidad de cualquier intento de crear una instancia legislativa paralela, señalando que tal medida atentaría contra los principios del Estado de derecho. En su criterio, la amenaza compromete los equilibrios institucionales consagrados en la Constitución hondureña y podría desembocar en una crisis institucional de gran magnitud.
Conflictos legislativos y pedidos de supervisión internacional
El aviso de Redondo se incorpora a un conjunto de eventos recientes que han complicado el entorno político en el Congreso Nacional. Entre ellos, sobresale la aprobación de leyes sin el debido respaldo de las actas necesarias y el empleo de procedimientos legislativos discutibles, como sesiones convocadas de manera atípica. Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el empuje de la Ley de Justicia Tributaria, que ha sido rechazado por varios sectores económicos y políticos debido a su contenido y proceso.
Expertos en política detectan un cambio hacia una táctica confrontativa del gobierno, buscando dejar a la oposición en soledad antes del proceso electoral general. Advierten que esta situación podría llevar a escenarios de inestabilidad institucional, fuera de los cauces legales establecidos por la Constitución.
En este contexto, diversos sectores políticos y sociales han pedido la participación o el monitoreo continuo de entidades internacionales tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y embajadas. Un colectivo de abogados manifestó en una declaración conjunta que lo que está en debate no es solo la sanción de una norma, sino la permanencia de la división de poderes y del régimen democrático.
Un Congreso en conflicto y el reto de la institucionalidad
Las afirmaciones del líder del Parlamento inician un capítulo novedoso en la complicada interacción entre el partido gobernante y los grupos opositores en Honduras. La advertencia de modificar la estructura del Congreso o crear un órgano paralelo marca un punto decisivo en la convivencia política nacional, con consecuencias que van más allá de lo meramente legislativo.
El conflicto vigente ilustra los desafíos continuos de la gobernanza dentro de un contexto donde las fricciones entre poderes, la debilidad institucional y la polarización afectan el avance de la democracia. En este entorno, la función de los mecanismos de control constitucional y la vigilancia ciudadana se convierten en piezas clave para mantener el equilibrio entre la representación política y el cumplimiento de las normas del Estado de derecho.