_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Caso Koriun sacude al Congreso Nacional")
La actuación del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, frente al escándalo financiero de Koriun Inversiones ha reactivado las tensiones en torno al uso de recursos públicos, la independencia de las investigaciones y el rol político del Legislativo en Honduras. Las declaraciones del diputado, en las que aseguró que el Estado compensará a las víctimas del fraude piramidal, abren interrogantes sobre las prioridades institucionales en un contexto marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana.
Comunicados desde el Congreso: entre compensación y cuestionamientos de objetividad
Luis Redondo comunicó al público que la presidenta Xiomara Castro supuestamente ordenó emplear fondos estatales para compensar a los perjudicados por el esquema de Koriun Inversiones. De acuerdo con el legislador, esto representa una manifestación del compromiso del gobierno con las víctimas de un fraude que movilizó más de 86 millones de lempiras y afectó a aproximadamente 35.000 personas.
Durante el mismo evento, Redondo declaró que el Congreso promoverá cambios en las leyes penales para evitar estafas financieras semejantes. Sin embargo, su declaración de que el Parlamento seguirá «la dirección del proceso de investigación» al mismo tiempo que garantiza un remedio económico inmediato ha generado críticas. Diferentes sectores ven esta medida como una indicación de que se podría estar priorizando una solución política en lugar de una investigación institucional rigurosa.
Reacciones y demandas de mayor transparencia
Tanto los representantes de la oposición como las entidades de la sociedad civil han expresado inquietud por la posibilidad de que el Congreso, en lugar de ayudar a esclarecer el caso, esté fomentando la falta de transparencia. Dentro de sus demandas se encuentra la emisión de un informe detallado sobre la organización y las operaciones financieras de Koriun Inversiones, además de identificar a los responsables del sistema.
También han solicitado que se aclare el origen legal de los fondos que se destinarán a las compensaciones, advirtiendo sobre un posible uso discrecional del presupuesto estatal sin base constitucional. Otro punto de atención es la demanda de verificar si existe algún vínculo, directo o indirecto, entre Redondo y personas relacionadas con la estafa, dada su cercanía política con sectores del partido oficialista LIBRE desde su llegada a la presidencia del Congreso en 2022.
Tensiones políticas e institucionales en torno a la respuesta oficial
El asunto ha resaltado un dilema institucional: cómo actuar frente a un fraude de gran escala sin sacrificar la transparencia ni politizar la administración de fondos públicos. La celeridad con la que se presentó la medida compensatoria contrasta con la falta de una investigación judicial evidente, lo que ha generado dudas sobre posibles tácticas de encubrimiento político.
Por otra parte, el contexto electoral en el cual se sitúa esta iniciativa ha sido destacado como un factor que podría afectar las resoluciones del Congreso. A pesar de la ausencia de evidencia concluyente sobre una intención política, la versión oficial ha sido vista por algunos críticos como un método para obtener respaldo popular mediante acciones inmediatas que prevengan un desgaste adicional de las instituciones.
Una coyuntura que pone a prueba la institucionalidad
La intervención del Congreso Nacional en la situación de Koriun genera interrogantes esenciales acerca del equilibrio entre compensación social y responsabilidad de las instituciones. Aunque el enfoque en las víctimas es un elemento legítimo de la respuesta gubernamental, la falta de claridad respecto a los procedimientos judiciales y administrativos mina la confianza en las entidades encargadas de supervisar y aplicar sanciones.
El escándalo pone de manifiesto las dificultades del Congreso de Honduras para sostener una actitud justa y clara ante controversias que involucran aspectos económicos, políticos y sociales. En un contexto caracterizado por la división, la situación se transforma en una medida de la habilidad del sistema político para operar con independencia de presiones específicas y asegurar el correcto procedimiento ante la población.