_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Validación biométrica en Honduras")
La imposición obligatoria de la verificación biométrica para los usuarios de teléfonos móviles en Honduras ha suscitado un debate considerable en varios sectores, incluyendo el político, legal y social. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), requiere que los ciudadanos confirmen sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para no perder el servicio de sus líneas móviles. La falta de cumplimiento con esta disposición podría llevar a la pérdida de los números actuales, generando preocupación entre la población y diferentes grupos.
El sistema de validación biométrica requiere que las personas proporcionen una imagen de su cara junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para confirmar quiénes son. CONATEL sostiene que esta medida pretende luchar contra crímenes como la extorsión y el uso de líneas telefónicas sin identificar, que complican el trabajo de los cuerpos de seguridad. No obstante, esta acción ha suscitado dudas respecto a su legalidad, transparencia y las posibles repercusiones en la privacidad de la población.
Asuntos legales y políticos relacionados con la autentificación biométrica
Varios líderes políticos y sociales han manifestado su inquietud por la legalidad y gestión de los datos biométricos recopilados. El legislador Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha afirmado que la iniciativa carece de un soporte legal adecuado, calificándola como «absolutamente ilegal» y sugiriendo a la población que no siga la orden hasta que haya un marco legal claro que regule la recopilación y utilización de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta postura refleja una discusión sobre la legitimidad de la medida y la protección de derechos fundamentales.
Por su parte, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones acerca del uso político potencial de los datos biométricos, especialmente en un año de elecciones. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la autoridad legal para manejar información biométrica, lo que cuestiona la capacidad de CONATEL para implementar esta propuesta. Estas críticas destacan la inquietud por la posible manipulación política de información sensible y la necesidad de asegurar la protección y privacidad de los ciudadanos.
El presidente de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha respaldado la acción, afirmando su legalidad, transparencia y carácter humano. También ha desmentido que la verificación biométrica esté relacionada con fines políticos y ha aclarado que el manejo es realizado por las compañías telefónicas, no por el Estado de manera directa. Además, ha señalado que no se está formando una nueva base de datos estatal y que los datos recopilados no se utilizarán para propósitos diferentes a los determinados, intentando así aclarar las inquietudes sobre la gestión de los datos.
Visiones futuras y próximos pasos en la discusión sobre la autenticación biométrica
CONATEL ha sido convocada a comparecer ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025 para explicar los fundamentos técnicos y legales de la validación biométrica. Esta sesión será clave para abordar las preocupaciones relacionadas con la privacidad, la legalidad y la transparencia del proceso, y podría influir en la continuidad o modificación de la medida.
El público ha estado discutiendo intensamente en plataformas en línea y espacios cívicos, con numerosos participantes compartiendo su malestar y temor debido a la posible violación de su privacidad y la falta de transparencia en la aplicación. Algunos han señalado su deseo de no colaborar con la validación, poniendo en duda la habilidad de los responsables para suspender millones de líneas telefónicas sin causar un gran impacto en las comunicaciones nacionales.