_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "CNE en riesgo")
En los meses previos a las elecciones generales de noviembre de 2025, diversos actores políticos, sociales y legales en Honduras han denunciado una serie de presiones y actos de intimidación dirigidos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas acusaciones apuntan principalmente al partido oficialista, Libertad y Refundación (LIBRE), señalado por intentar influir en las decisiones del CNE y poner en riesgo la transparencia del proceso electoral.
Denuncias dirigidas al partido LIBRE
Las acusaciones dirigidas al partido gobernante abarcan iniciativas que intentan desacreditar la autoridad del CNE, el ente responsable de asegurar la igualdad y la transparencia de las elecciones. Conforme a las quejas presentadas, integrantes de LIBRE estarían organizando campañas para influir en los magistrados del CNE, particularmente aquellos que no se alinean con sus intereses políticos, comprometiendo la independencia de la institución.
Maribel Espinoza, diputada y analista política, expresó que el objetivo de estas presiones sería generar un clima de desconfianza que justifique acusaciones de fraude o desorganización electoral. “Están presionando al árbitro electoral porque saben que las encuestas no les favorecen”, afirmó Espinoza, en clara alusión a los esfuerzos de ciertos sectores por influir en el resultado electoral antes de que se inicien las campañas.
Estrategias para el boicot institucional
La queja abarca no solo las presiones hacia los jueces, sino también la difusión de discursos agresivos por figuras cercanas al partido LIBRE. Se ha detectado una campaña en aumento de desinformación en las redes sociales, dirigida a socavar la credibilidad del CNE y generar dudas sobre la neutralidad del organismo electoral.
Organizaciones de la sociedad civil, preocupadas por la integridad del proceso electoral, han señalado estos actos como posibles intentos de sabotaje institucional. Aseguran que tales maniobras no solo son un ataque a la legitimidad del CNE, sino que constituyen un peligro para el orden democrático del país, exacerbando la polarización política de cara a los comicios de noviembre de 2025.
Llamados a la vigilancia internacional
Ante el agravamiento de la situación, varios sectores de la sociedad han exigido la intervención de observadores internacionales para salvaguardar la transparencia del proceso electoral. En este sentido, organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y diversas entidades de derechos humanos han sido solicitados para monitorear el desarrollo de las elecciones, garantizando que el proceso se lleve a cabo sin interferencias o manipulaciones políticas.
Lidia Meza, abogada constitucionalista, recalcó la importancia de mantener la independencia del sistema electoral, señalando que “el sistema electoral no puede estar secuestrado por intereses partidarios. El país necesita garantías, no amenazas”.
Situación y retos para la democracia
Las acusaciones de acoso y los intentos de desestabilización institucional se añaden a un contexto de creciente polarización política en Honduras, donde la falta de confianza en las instituciones y en los procesos electorales se ha intensificado por varios factores, como la crisis económica y la falta de unidad política. Este escenario, caracterizado por tensiones y señales de conflicto entre partes, presenta desafíos significativos para la gobernabilidad del país a menos de un año de las elecciones.
La comunidad internacional mantiene una estrecha vigilancia sobre el proceso, mientras que la ciudadanía hondureña continúa exigiendo una mayor transparencia y la preservación de la institucionalidad democrática. La situación actual pone de manifiesto las dificultades para garantizar un ambiente electoral libre de presiones y manipulación, y subraya la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de velar por el ejercicio democrático.