La implementación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), que es uno de los compromisos destacados de la presidenta Xiomara Castro durante su campaña, se ha pospuesto otra vez debido a la reciente renovación, por quinta ocasión, del memorando de entendimiento con Naciones Unidas. El comunicado, efectuado esta semana, coincide con la ausencia de progresos en el Congreso Nacional para dar luz verde a las reformas constitucionales necesarias para que el mecanismo anticorrupción logre operar.
El estancamiento ha reavivado críticas desde diversos sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional, que interpretan la dilación como una señal de debilitamiento del compromiso gubernamental con la lucha contra la impunidad. La falta de consensos legislativos, en particular en torno a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, impide la instalación efectiva de la CICIH, pese a la entrega de un segundo borrador formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas de instituciones y sociedad
El Poder Ejecutivo ha manifestado reiteradamente su voluntad de crear la comisión, destacando progresos en las conversaciones con Naciones Unidas. Sin embargo, las condiciones esenciales para su puesta en marcha requieren de cambios en las leyes y la constitución, que deben ser ratificados por el Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
Ante la reciente extensión, grupos influyentes han manifestado su descontento con la gestión del proceso. Una legisladora del Partido Nacional describió la extensión como “un golpe a la población que confiaba en la expectativa de equidad”, mostrando el desagrado dentro de la oposición política. Mientras tanto, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han llamado a superar el estancamiento institucional que frena el progreso del proyecto.
Desafíos políticos y fatiga del público
El establecimiento de la CICIH enfrenta diversos desafíos políticos. Uno de los principales es la modificación de estructuras legales que eliminaría protecciones legislativas vistas por varios grupos sociales como un impedimento para luchar contra la corrupción de manera eficaz. La ausencia de compromiso político en el Congreso ha sido identificada por múltiples actores como una de las razones clave del impasse.
Han pasado más de dos años desde que comenzó el mandato de Castro, y las organizaciones comunitarias y las redes de ciudadanos han señalado una brecha entre las promesas originales y las acciones implementadas. Estos grupos destacan que el aplazamiento frecuente de decisiones cruciales ha debilitado la confianza en el gobierno y en todo el sistema institucional.
Demandas de acción y presión global
El actualizado acuerdo de entendimiento carece de una fecha precisa para que se establezca la CICIH, lo cual, según expertos internacionales, podría perjudicar la reputación del país en temas de colaboración internacional. La sensación de parálisis ha originado dudas entre los observadores externos, lo que podría tener consecuencias negativas para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para consolidar su institucionalidad democrática.
En esta situación, varias personas han sugerido que es esencial liberar el proceso aprobando rápidamente las reformas necesarias, lo cual posibilitaría concretar un pacto final con la ONU. Afirman que estas medidas no solo activarían un sistema para combatir la corrupción, sino que también demostrarían un compromiso con la transparencia y la responsabilidad.
Panorama institucional incierto
La demora en la implementación de la CICIH pone de manifiesto los problemas estructurales que enfrenta Honduras al intentar establecer un sistema independiente y eficiente. La continua presencia de barreras legales, junto con la ausencia de acuerdos políticos, deja en espera una de las iniciativas más importantes para combatir la impunidad en el país.
El caso destaca las fricciones entre los compromisos internacionales que el Ejecutivo ha asumido y las dinámicas internas propias del Legislativo, además de presentar el reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales tangibles. Mientras tanto, el país sigue sin contar con un mecanismo internacional de apoyo para investigar casos de gran relevancia, lo cual plantea dudas sobre la viabilidad de los esfuerzos institucionales para luchar contra la corrupción a corto y mediano plazo.