El fraude piramidal de Koriun Inversiones, que ha perjudicado a más de 35.000 individuos en Honduras, ha llegado al núcleo del debate político debido a las preguntas surgidas sobre personas cercanas al entorno del poder presidencial. Específicamente, las críticas se han enfocado en el denominado “familión Zelaya”, expresión utilizada por sectores opositores y grupos ciudadanos para referirse a aquellos funcionarios con conexiones familiares o políticas con la presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya.
A pesar de que el Ministerio Público ha comenzado procedimientos legales y que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ha tomado acciones como el congelamiento de cuentas y algunas detenciones, sigue habiendo una considerable incertidumbre acerca de la transparencia y el verdadero alcance de las indagaciones. La ausencia de información oficial detallada sobre cómo fue posible que el esquema fraudulento operara durante tanto tiempo ha generado un nuevo conjunto de dudas hacia las entidades responsables de la supervisión financiera y la administración de justicia.
Acusaciones contra empleados con conexiones políticas
Dentro de los nombres mencionados en la discusión pública están Héctor Zelaya, el secretario privado de la Presidencia e hijo del antiguo presidente Zelaya, así como el fiscal general Johel Zelaya. Ambos han desempeñado roles estratégicos desde el comienzo del presente gobierno y, según diversas opiniones críticas, podrían contar con la capacidad de influir en los procesos institucionales vinculados con el caso Koriun.
Estas denuncias surgen en un ambiente caracterizado por la división y la creciente desconfianza hacia las instituciones estatales. Aunque no hay evidencia pública que asocie directamente a los funcionarios mencionados con el fraude, las críticas señalan una posible falta de objetividad en sus acciones y un manejo arbitrario de las obligaciones que les corresponden conforme a la ley.
Incertidumbres respecto al desempeño institucional
La CNBS es una de las entidades más criticadas por su lenta reacción ante el esquema fraudulento, que consiguió mover al menos 428 millones de lempiras antes de ser descubierto. La comisión apoyó la declaración del gobierno de compensar a los perjudicados, aunque no proporcionó un informe técnico o legal que detalle las condiciones de este procedimiento ni las razones de la debilidad en los controles preventivos.
Por otro lado, la Fiscalía, liderada por Johel Zelaya, ha conseguido recuperar ciertos fondos. No obstante, el progreso de la indagación aún carece de una comunicación clara y abierta que elimine las incertidumbres sobre la posible participación de empleados del estado en la omisión o encubrimiento de anomalías.
Requerimientos de claridad y supervisión autónoma
Organizaciones de la sociedad civil, analistas y actores políticos han llamado a establecer una comisión independiente, ya sea nacional o con apoyo internacional, que investigue con autonomía los hechos y posibles vínculos entre los responsables del esquema y funcionarios públicos. Las demandas incluyen la publicación de un informe detallado que esclarezca los mecanismos operativos de la estafa, la identificación de omisiones en los controles financieros y la rendición de cuentas por parte de cualquier persona implicada, sin excepciones por parentesco o cercanía política.
En diferentes foros ciudadanos se ha señalado que la gestión del caso Koriun podría convertirse en un momento crucial para la confianza institucional del país. «Si el Estado da prioridad a las recompensas políticas sobre la justicia, el daño a la credibilidad institucional es irreparable», se declaró en un reciente encuentro sobre transparencia y combate a la corrupción.
Una crisis que va más allá de lo financiero
A dos meses de haberse desatado el incidente, los efectos ya no se circunscriben al ámbito económico. La creencia de que algunas personas influyentes pudieran estar siendo resguardadas frente a eventuales responsabilidades jurídicas ha intensificado el escepticismo entre la población y ha reavivado discusiones sobre el empleo político de las entidades.
La evolución de este proceso, junto con la reacción del gobierno y el comportamiento de las entidades independientes, determinarán no solo el curso legal del asunto, sino también el grado de confianza que los ciudadanos de Honduras tengan en sus gobernantes en un ambiente de vulnerabilidad institucional y fuerte división. Actualmente, la demanda principal es una investigación sin interferencias y con aseguramiento de transparencia, como requisito básico para mantener la legitimidad del imperio de la ley.