El Poder Judicial de Perú resolvió extender por 12 meses adicionales la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, al sostener que persiste un elevado riesgo de fuga y que la causa abierta presenta una notable complejidad. Con esta disposición, su encarcelamiento se prolonga hasta el 9 de marzo de 2027, dentro del proceso que investiga una presunta organización criminal, así como posibles actos de tráfico de influencias y colusión que se habrían desarrollado durante su administración.
Según la resolución emitida, el juez Edhin Campos Barranzuela subrayó que Castillo no cuenta con arraigos familiares, laborales ni domiciliarios firmes. La fiscalía indicó que sus parientes más cercanos, entre ellos su esposa y sus hijos, viven actualmente en México bajo asilo diplomático. Asimismo, el apoyo político manifestado por autoridades extranjeras, como los mandatarios de México y de otras naciones, incrementa la posibilidad de que Castillo intente eludir a la justicia.
El tribunal también justificó esta prórroga de prisión preventiva debido a la complejidad del caso. Se trata de un extenso proceso que involucra a más de 90 personas investigadas y diversas líneas de investigación pendientes. Entre esas diligencias se incluyen pericias contables y técnicas relacionadas con irregularidades en contratos públicos, como la licitación del puente Tarata y compras a través de PetroPerú. Estas investigaciones apuntan a la presunta malversación de fondos y perjuicio económico al Estado.
A estos elementos se añade la sentencia que ya pesa sobre Castillo por conspiración para la rebelión, derivada del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Hoy cumple una condena de 11 años en el penal de Barbadillo, impuesta por intentar disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. Aunque su defensa ha apelado este veredicto, también se ha señalado como un factor que incrementa el riesgo de una eventual fuga.
Adicionalmente, el Poder Judicial ha extendido por 20 meses el plazo para las investigaciones preparatorias vinculadas al caso de corrupción, con el objetivo de agotar todas las líneas de pruebas, incluidas las que involucran a exministros y colaboradores cercanos a Castillo.
Por su parte, la defensa del exmandatario consideró que la resolución emitida por la fiscalía resultaba excesiva y no respondía a un propósito procesal claro. Sostuvieron que no existen elementos suficientes para asegurar que Castillo intente eludir a la justicia y cuestionaron que se interpreten gestos de líderes extranjeros como señales de una actitud evasiva. Añadieron además que otras fiscalías llevan los casos vinculados y que no hay fundamento para reunir cargos en su contra dentro de este expediente.
Finalmente, el magistrado recalcó que aún persiste un entorno internacional propicio para una posible evasión. México, mediante asilo diplomático, ha acogido y ofrecido protección tanto a familiares directos de Castillo como a exfuncionarios de confianza de su gestión. Estas condiciones fortalecen la apreciación de un riesgo real de fuga señalada por las autoridades peruanas.
Fuente: El Comercio | Pedro Castillo y Geiner Alvarado: Qué fundamentos presenta el PJ para extender por doce meses la prisión preventiva en un caso de presunta corrupción