Periodistas en Honduras bajo ataque: denuncian campaña de odio oficial

Periodistas en Honduras bajo ataque: denuncian campaña de odio oficial

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció públicamente una campaña sistemática de estigmatización y amenazas contra periodistas en el país, atribuyendo su impulso a sectores gubernamentales y al partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE). La organización gremial sostiene que se trata de un patrón sostenido de ataques que compromete la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y que ha sido trasladado a instancias internacionales como una alerta sobre el deterioro de garantías democráticas.

Según el pronunciamiento del CPH, las agresiones adoptan diversas formas: desde la intimidación y los insultos en redes sociales hasta procesos judiciales iniciados por instituciones del Estado. El gremio señala que funcionarios públicos y activistas digitales vinculados al oficialismo han promovido una narrativa de descrédito contra medios y periodistas críticos. Esta dinámica, de acuerdo con la denuncia, incluye intentos de forzar la entrega de fuentes informativas, elemento que, en el contexto hondureño, es considerado una violación directa al secreto profesional protegido por estándares internacionales.

Entre los ejemplos más recientes, se registran querellas presentadas por las Fuerzas Armadas y otras organizaciones del gobierno, que de acuerdo con el grupo, buscan detener pesquisas sobre presuntos actos de corrupción o abusos institucionales. Además, se observa un incremento constante de campañas de desprestigio efectuadas por cuentas anónimas o falsas, frecuentemente denominadas como “tropas digitales” alineadas con el oficialismo, que publican mensajes ofensivos y exponen públicamente los rostros de periodistas.

Incremento en la retórica oficial y nerviosismo antes de las elecciones

Uno de los elementos que más preocupación ha generado es la creciente hostilidad desde el Congreso Nacional. En particular, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, ha emitido recientemente declaraciones dirigidas contra la prensa, en un tono que el gremio interpreta como parte de la estrategia de deslegitimación. Estos discursos ocurren en un contexto de creciente tensión política, de cara a las elecciones generales programadas para noviembre, donde la confrontación entre el oficialismo y la oposición se ha intensificado.

El uso de plataformas institucionales para difundir mensajes hostiles hacia la prensa refuerza un ambiente de presión que, según el CPH, ha generado efectos como la autocensura y el retraimiento de voces críticas en los medios. Esta dinámica, enmarcada en una coyuntura electoral, ha sido leída por actores del gremio como una señal de que el periodismo independiente enfrenta un cerco institucional y digital sin precedentes desde el retorno a la democracia.

Preocupación internacional y llamados al cese de la intimidación

Diversas organizaciones internacionales han manifestado su alarma ante la situación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras y ARTICLE 19 han emitido comunicados denunciando lo que califican como un retroceso en las garantías para el ejercicio libre del periodismo en Honduras. Los organismos coinciden en que las acciones denunciadas configuran un ambiente de vulnerabilidad que atenta contra derechos fundamentales y contra el papel del periodismo en la vigilancia del poder público.

Estos actores, junto al CPH y organizaciones nacionales, han llamado al Gobierno a garantizar la protección efectiva de los periodistas, así como a cesar de inmediato toda forma de intimidación, directa o indirecta. Insisten en que la libertad de prensa no solo es un derecho individual, sino una condición esencial para el funcionamiento democrático.

El comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras se sitúa en un contexto de notable polarización política y aumento de la desconfianza entre las instituciones y los grupos sociales. A escasos meses de las elecciones, la acusación sobre una campaña sistemática de acoso a los medios resalta tensiones fundamentales relacionadas con la libertad de prensa, el empleo de recursos estatales y la calidad del diálogo democrático en la nación.