Un masivo caso de corrupción ha sacudido el sistema penitenciario chileno luego de que se revelara que al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 están siendo investigados por facilitar el ingreso de personas indocumentadas, drogas, alcohol y otros productos ilegales a cambio de sobornos. La Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) han desplegado un operativo de gran magnitud que apunta a desarticular esta red de corrupción que incluye además a 35 civiles externos.
El modelo de operación de los funcionarios penitenciarios involucrados incluye prácticas como simular los controles de ingreso mediante pantomimas y cobrar tarifas por dejar pasar a personas sin documentos, quienes se reunían con destacados miembros de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua. Según la información recabada, cada ingreso costaba $60.000 chilenos, generando un grave impacto en la seguridad pública, ya que los encuentros permitían a las bandas continuar coordinando actividades delictivas como narcotráfico, secuestros y extorsión.
Una trama de corrupción estructurada que opera tanto dentro de los penales como en el exterior
La infiltración del crimen organizado en Gendarmería abarcaba múltiples maniobras, entre ellas la entrada de estupefacientes, teléfonos móviles, productos alimenticios de alta gama, conexión WiFi e incluso servicios personalizados para los internos, mientras que los pagos se efectuaban en efectivo o mediante transferencias bancarias, a menudo a través de cuentas ajenas destinadas a disimular el origen ilícito de los fondos.
Según las autoridades, no existe una estructura jerárquica única, sino varias redes autónomas que operan dentro de Santiago 1. Estas agrupaciones también mantienen vínculos con civiles que actúan como intermediarios, conocidos como «manilleros», quienes desde fuera de los recintos coordinan los sobornos necesarios para asegurar la entrada de bienes y personas.
Los cobros por estos servicios oscilaban desde $15.000 por permitir encuentros sexuales hasta $400.000 por autorizar el ingreso de un celular, y los testimonios reunidos durante las pesquisas indican además que los internos reconocen una zona del penal, conocida como «la feria», donde se llevan a cabo transacciones de artículos prohibidos con aparente normalidad.
Operación nacional y dimensión estructural
El operativo encabezado por la Fiscalía contempló la ejecución de órdenes de allanamiento en 77 viviendas situadas en siete regiones del país, e incluyó recintos penitenciarios como Santiago 1, Punta Peuco, Colina 1 y el Complejo Penitenciario Biobío. En total, se desplegaron 690 funcionarios de la PDI y Gendarmería, configurando uno de los esfuerzos policiales más amplios de los últimos tiempos para enfrentar la corrupción dentro del sistema penitenciario.
Entre los hallazgos más graves se destaca la práctica conocida como «rescate», en la que funcionarios incautaban productos ilegales como celulares para luego revenderlos dentro del penal por precios exorbitantes. Otro método, denominado «delivery», consistía en el ingreso por encargo de productos solicitados por los internos.
Repercusiones y la gestión frente al crimen organizado
Este caso se reconoce como la manifestación más severa de infiltración del crimen organizado en una entidad pública en Chile, y Gendarmería, responsable de velar por la seguridad al interior de los recintos penitenciarios, se ve hoy involucrada en denuncias que cuestionan la capacidad del Estado para frenar el avance de actividades ilícitas dentro de las cárceles, mientras grupos como el Tren de Aragua, con amplia experiencia en dominar prisiones en otros países, intentan reproducir ese modelo en Chile utilizando los penales como base para coordinar sus operaciones.
Acciones y soluciones requeridas
La investigación ha revelado con claridad las señales de alerta sobre las condiciones estructurales que facilitan la proliferación de estas prácticas, entre las que sobresalen la elevada rotación en las jefaturas penitenciarias, la carencia de una supervisión rigurosa y la presencia de influencias indebidas entre los funcionarios. Estas debilidades abren la puerta a la injerencia permanente del crimen organizado, que ofrece beneficios económicos y presiona con amenazas directas a los funcionarios, como sucedió con un comandante cuya vivienda fue atacada por sicarios.
El progreso alcanzado en esta investigación abre una oportunidad crucial para impulsar reformas estructurales destinadas a enfrentar la corrupción dentro de Gendarmería, y si no se adoptan acciones contundentes que incorporen mayor transparencia y supervisión independiente, el control de los penales podría terminar completamente subordinado a las mafias criminales.
Procedencia: CIPER Chile | [https://www.ciperchile.cl/2025/12/16/crimen-organizado-42-gendarmes-de-santiago-1-son-indagados-por-cobrar-por-el-ingreso-de-visitas-indocumentadas-alcohol-y-drogas/]