.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Koriun en Honduras")
En Honduras, el caso Koriun Inversiones ha generado una profunda preocupación pública debido a la falta de respuestas claras y acciones contundentes por parte del Estado. A más de tres meses de revelarse la millonaria estafa financiera, miles de afectados continúan sin la devolución de sus fondos y sin ver a los responsables judicializados. La ausencia de avances visibles en las investigaciones, combinada con el silencio del Ministerio Público y la inacción gubernamental, ha provocado sospechas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que se haga justicia de manera efectiva.
Paralelamente, expertos en derecho y líderes de opinión han expresado su rechazo a la idea de que el Estado utilice recursos públicos para resarcir a las víctimas de este fraude privado. Se advierte que tal acción podría ser ilegal e inconstitucional, además de generar riesgos fiscales y políticos significativos. En este contexto, la exigencia social se centra en que el proceso se mantenga en el ámbito judicial, con transparencia y sin que se convierta en una medida populista que comprometa la legalidad y el manejo responsable de los fondos públicos.
El debate sobre cómo el gobierno ha manejado el fraude Koriun
La estructura piramidal de Koriun Inversiones funcionó durante años asegurando ganancias mensuales del 20 %, sin regulación ni control gubernamental. Aunque el Ministerio Público ha incautado más de 358 millones de lempiras, las pesquisas no han progresado hacia procesar legalmente a los responsables del engaño ni se ha aclarado el destino de los activos decomisados. Esta situación ha provocado una creciente indignación entre las familias perjudicadas, que han visto perdidos sus ahorros, préstamos e incluso hogares, y que exigen justicia, claridad y la restitución de sus recursos.
El silencio y la aparente pasividad del Gobierno y del Ministerio Público han alimentado la percepción de que existe una red de protección política que impide el esclarecimiento total del caso. Voces de diversos sectores sociales y jurídicos han señalado que la falta de responsables detenidos y el manejo oscuro de los activos incautados reflejan una negligencia estatal que podría estar favoreciendo la impunidad. La presión ciudadana se mantiene firme en exigir que se actúe con celeridad y sin sesgos políticos para garantizar que los culpables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Aspectos jurídicos y financieros de la eventual indemnización con recursos del estado
Juristas y economistas han advertido que la utilización de recursos del Estado para compensar a las víctimas de Koriun podría constituir un delito de malversación de fondos públicos, especialmente si no existe un marco legal aprobado por el Congreso que respalde dicha acción. Funcionarios que autoricen pagos sin el debido respaldo legal podrían enfrentar responsabilidades penales por abuso de autoridad y violación de deberes. Además, asumir esta deuda podría desestabilizar las finanzas públicas, afectando áreas prioritarias como salud y educación, y enviar un mensaje que podría fomentar la impunidad en futuros esquemas fraudulentos.